Reynaldo Peguero, [email protected]
Una Estrategia de estrategias es la mejor herramienta para facilitar que la inversión pública y privada se consolide en las regiones punteras en el Producto Bruto Interno (PBI). Iniciativa que envuelva gradual y progresivamente, las otras regiones rezagadas de República Dominicana. Territorios con poca población y densificación urbana, pero con mucha superficie geográfica natural de extensa biodiversidad.
De ahí que la iniciativa del Banco Mundial (BM) en República Dominicana de presentar una financiación potencial de 1,800 millones de dólares sea coherente con las aproximaciones territoriales del Producto Bruto Interno (PBI) realizadas. Estudio publicado recientemente por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y BM.
Sin embargo, poniendo todo en un contexto repleto de oportunidades y amenazas, de lo que se trata ahora es de establecer, la “Estrategia de las estrategias”. Se impone un “saber hacer” que sepa impulsar para los próximos años, una inteligente inversión pública y privada territorializada.
Primero deben ser robustecidos los modelos exitosos de crecimiento de zonas francas, agroindustria, agropecuaria y turismo. Nichos productivos y de servicios que son emblemáticos en los territorios como las regiones del Cibao y del Yuma. Segundo, posteriormente, proceder a extenderlos y replicarlos en zonas menos activas en su contribución al PBI.
Entendemos que el compromiso en curso operativo, del presidente Abinader en su iniciativa 2025 para Santiago y su entorno regional, para invertir unos 45 mil millones de pesos, enterró y proscribió definitivamente el “Modelo Buenaventura Báez”.
Síndrome de mala inversión pública de quitarle a los cibaeños parte de su riqueza, para impulsar un supuesto desarrollo armónico en la isla. En palabras del empresario y pasado presidente del Consejo de Desarrollo de Santiago, Hendrik Kelner, el presidente Buenaventura Báez realizó una “una nueva devastación de Osorio” para usufructuar personalmente los ingresos derivados de comprar con pesos dominicanos devaluados, la mayor riqueza natural del Cibao: el tabaco.
En el centro de las discusiones sobre inversión pública nacional y su distribución “igualitaria” están las enseñanzas aprendidas de las gestiones presidenciales de Buenaventura Báez, que en 1857, precipitaron la denominada “Revolución del Cibao”.
El Marco de Alianza RD 2022-2026 del Banco Mundial y otras ofertas internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BCIE y los resultados de la ONE, indican que la región Ozama (Gran Santo Domingo y Monte Plata) contribuyen en 1.7% al PIB nacional.
El Cibao Norte, sin el puerto de exportación de Manzanillo habilitado, ni los grandes merca de productos agropecuarios que necesitan Santiago, Puerto Plata y Espaillat y otras provincias cibaeñas, generan el segundo aporte más importante al PBI, un 1.2%.
La región del río Yuma (La Altagracia, El Seibo y La Romana) 0.6%. Las tres regiones concentran alrededor del 63.1% del PIB nacional, aportan un 3.5 absoluto del PBI. Como diferencia queda el 36.9% correspondiente a las otras ocho (8) regiones, que entre todas, apenas aportan, 2.04 del PBI.
El sistema de cuentas nacionales permitió una descripción completa y pormenorizada de las actividades económicas que tienen lugar dentro de la economía regional. De acuerdo al MEPyD, este indicador es una herramienta esencial para conocer el desempeño de la economía regional, asó como evaluar, analizar y prever fenómenos económicos. Se sabe que el artículo 196 de la Constitución en su primer párrafo impone que “Sin perjuicio del principio de solidaridad, el Estado procurará el equilibrio razonable de la inversión pública en las distintas demarcaciones geográficas de manera que sea proporcional a los aportes de aquellas a la economía nacional”.
La inversión pública debe hacerse en territorios con capacidad demostrada para ordenar el uso de suelo. El país cuenta con una extensa tradición regulatoria orientada a definir políticas de planificación y ordenamiento territorial. Son muchas las leyes aprobadas, pero muy pocas las herramientas de implantación de estas normativas.
Incluso la línea de tiempo del marco regulatorio sobre organización y ordenamiento territorial en República Dominicana, transita desde 1944 al año 2022. Pero, a la fecha, solo ocho (8) municipios tienen planes de ordenamiento y estratégicos de desarrollo, como se debe. Hablamos de planes construidos de abajo hacia arriba, y no de “planes” que son sinónimo de una lista de proyectos por provincia o municipios.
El Estado y la ley no han aportado los recursos para que las grandes metrópolis de la isla, Santiago y Santo Domingo, formulen, actualicen y ejecuten las normas de ordenamiento territorial. La nueva ley de regiones únicas 345-22 y el proyecto de ley de ordenamiento territorial en proceso de aprobación, proveen herramientas de sostenibilidad y regulación del uso armónico del suelo.
La propuesta del Banco Mundial y de otras agencias, gestan apoyar gestiones del gobierno para mejorar acceso a servicios, aumentar empleos y gestar ordenamiento territorial en resiliencia climática. Tiene como contexto, la firme economía dominicana, una de las más estables de América.
La iniciativa, si obtiene la esperada aprobación del Congreso, demanda implantación creativa. Preguntamos, ¿seguimos ejecutando generalidades en todo el país? o ¿focalizamos la acción territorial en las regiones decisivas de acuerdo al PBI, para lograr impacto y sostenibilidad?
Con o sin financiación internacional, el cambio de enfoque se impone. Especialmente, cuando hablamos de servicios y ordenamiento territorial. Hacer más de lo mismo, sería seleccionar regiones y municipios despoblados y pequeños. Sugerimos invertir en el Cibao, Higüamo y Yuma, donde residen capitales sociales sostenibles.
Sabemos que de los 158 municipios dominicanos sólo 8 tienen planes de ordenamiento. Resulta razonable fortalecer y regionalizar los existentes, sin enlatar fórmulas al vapor para creación de planes en 150 pendientes. La Estrategia Santiago 2030, propone iniciativas de obtener resultados planificados territorialmente en Santiago y 14 provincias del Cibao.
Logramos alianzas de inversión del Poder Ejecutivo y promovemos participación privada para ampliar innovadoramente nuestros exitosos parques empresariales. Igualmente, apoyar al Aeropuerto Internacional del Cibao (AIC), como movilizador de turismo y exportaciones y el Puerto de Manzanillo como eje regional de desarrollo.
Evitemos repetir modelos populistas y clientelistas de repartimiento igualitario de la inversión que pretenden reproducir esquemáticamente, un conjunto de enlatados. El punto de partida sería utilizar las zonas de éxito donde gobierno, sociedad civil y ayuntamientos, estén alineados.
El Cibao y las regiones de cuencas hidrográficas de ríos Higüamo y Yuma, son esencialmente productivas, turísticas y pecuarias. Es decir Santiago, Duarte, Samaná, Puerto Plata, Romana, Altagracia y San Pedro Macorís, evidencian una edificabilidad y asentamientos humanos que contradicen la carga del suelo impuesta por más de 6 millones de visitas turísticas anuales y 20 millones de toneladas de productos producidos. Son regiones genuinas para laboratorios urbanos de implantación de buenas acciones.
Finalmente, debemos cuidar que la disparidad regional existente en la isla que se evidencia al comparar el PIB per cápita de la región Cibao Norte, Yuma y Ozama con el valor de la región Enriquillo y de otras regones minoritarias, no conduzca a un “igualitarismo o comunitarismos de inversión pública”. Las regiones punteras en PBI que acumulan buenos modelos de desarrollo, dinámicas económicas que deben ser robustecidas y replicadas en toda la isla, sin dejar nadie atrás.