Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo sometió este lunes por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una acción en nulidad contra el acto de donación de la Cueva de las Maravillas del 15 de agosto del año 2014, y demás actos jurídicos conexos, en beneficio de la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas Inc.
La instancia fue depositada por la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, la Primera y Segunda Adjunta, licenciadas María Ramos y María Batista, respectivamente. De igual forma, acompañada de un equipo de abogados de la institución, encabezada por su consultor jurídico, Nilo De La Rosa Jourdain. El licenciado Juan Miguel Castillo Roldán, director de Tutela de Derechos, el licenciado Darío Nin, Secretario General, así como el director administrativo y financiero, licenciado Yván Rosario, encargados y parte del personal general.
La acción busca la nulidad del acto por medio del cual el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en representación del Estado Dominicano, transfiere a título gratuito 10 mil 401, cuadrados dentro de las parcelas 2,7,10,12 y 13 del Distrito catastral número 1 del municipio Ramón Santana, de la provincia San Pedro de Macorís.
El Defensor del Pueblo también solicita la nulidad de la resolución emitida por el Senado el 2 de noviembre del año 2016, que aprobó el contrato de donación de terrenos suscrito el 15 de agosto del año 2014 entre el Estado Dominicano, a través del CEA y la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas, INC.
Igualmente, demanda la nulidad del poder otorgado por Poder Ejecutivo al director ejecutivo del CEA, número 63-10, de fecha 13 de marzo del año 2010, mediante el cual se autorizó a modificar el contrato a fin de que la cantidad de tierra donada sea reducida a 16,000 tareas en vez de 44,000.
La entidad, que tiene como misión garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pide a los jueces del TSA anular el contrato de concesión de derechos de la Cueva de las Maravillas, suscrito por el Estado Dominicano el 26 de abril del año 2004, a través del Ministerio de Medio Ambiente y el CEA, con la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas Inc.
Además del CEA, como accionados, figuran el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Presidencia de la República, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de cultura, la Procuraduría General de la República, y la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas Inc.
El Defensor del Pueblo también solicitò adicionalmente, la declaratoria de inconstitucionalidad, por vía difusa, del decreto número 248-04, emitido el 22 de marzo del año 2004.
La instancia depositada este lunes por ante el TSA, resalta que es deber fundamental del Defensor del Pueblo contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República Dominicana y que eso incluye, los intereses colectivos y difusos, tales como el medio ambiente, las áreas protegidas, el patrimonio cultural y arqueológico, así como el interés general del Estado.
Establece que la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, asumirá la defensa del interés del pueblo dominicano involucrado en el monumento natural Río Cumayasa y Cueva de las Maravillas, “aún más allá del cumplimiento de sus funciones como titular del Defensor del Pueblo”.
El monumento natural Río Cumayasa y Cueva de las Maravillas, es un área protegida desde el 3 de julio del año 1996, mediante el decreto número 233-96, emitido por el entonces presidente de la República, Dr. Joaquín Balaguer.
Luego, el 22 de julio del año 1997, la Reserva Antropológica Cueva de las Maravillas fue elevada a rango de Parque Nacional, mediante el decreto número 319-97, dictado por el presidente Leonel Fernández.