El régimen disciplinario de los servidores públicos como garantía al debido proceso

Relacionadas


Por: Tomás Peña, Licenciado en Derecho; maestrante en Derecho Administrativo y de la
Regulación Económica.


¿Puede el superior inmediato del servidor público dictar en su contra una amonestación, suspensión o desvinculación, por la imputación de una falta contenida en la ley 41-08, sin agotar un procedimiento disciplinario?


La ley 41-08 de Función Pública desarrolla el procedimiento disciplinario para los servidores públicos a partir de su artículo 85. Si hacemos una interpretación literal de la ley, pareciera que el procedimiento disciplinario solo aplica en los casos de imputación de faltas de segundo grado o de
una causal de destitución, ya que en el caso de imputación de faltas de primer grado “se faculta” al supervisor inmediato a imponer una amonestación escrita. Ahora bien, ¿dicha amonestación es impuesta bajo la libre discreción del superior, sin tener el servidor público derecho a defenderse?


El artículo 69, numeral 10) de la Constitución Dominicana establece que “Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”; del mismo modo, la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de
Procedimiento Administrativo, en su artículo 1, numeral 3) reconoce el principio al debido proceso el cual obliga a que “las actuaciones administrativas se realicen […]con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción”.


En adición, la propia Suprema Corte de Justicia ha entendido que: “si bien es cierto que la Administración Pública goza de la potestad para aplicar sanciones disciplinarias a sus servidores, incluida la de destitución, no menos cierto es que esta prerrogativa debe ser ejercida dentro del marco de la ley que exige el respeto al debido proceso” (SCJ No. 299 del 10 de mayo de 2017).


Dicha protección es tal, que incluso se extiende a los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de confianza. En esa misma sentencia, la SCJ estableció que, aunque dichos servidores públicos pueden ser libremente removidos, si la administración justifica su desvinculación por la imputación de una falta, ello “no lo libera de cumplir con el debido procedimiento disciplinario para remover a dicho funcionario de su cargo”.


Por lo que, está más que fundamentado el criterio de que toda sanción dictada en contra de un servidor público debe cumplir con las garantías del debido proceso, donde el afectado tenga la oportunidad de conocer las razones que fundamentan la imputación de la falta, contar con la
oportunidad ejercer su derecho a la defensa y que la sanción sea producto de un procedimiento
disciplinario, según se describe en la ley de Función Pública.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimas Noticias