El libertarismo ha ido calando los últimos años, a tal punto que implícitamente juega un rol importante en la forma de interpretar las sociedades latinoamericanas, las cuales ampliamente se aglutinan en el centro o la izquierda, sin embargo, muestran rastros libertarios que cada vez son mayores; el caso de Argentina es una evidencia del crecimiento de esas ideas anti-Estado y antipolíticos. Y resulta interesante, ya que a lo largo de la historia las sociedades suelen señalar culpables absolutos de todos sus problemas, ej: los migrantes son los culpables de todos nuestros problemas, o como la década de los 30s y 40s, los judíos se han adueñado de nuestra Alemania; el constitucionalista Nassef Perdomo escribió un artículo muy interesante acerca de esto en 2006, titulándolo En Defensa de los Políticos, les invito a leerlo.
La sociedad ideal en términos socioeconómicos es aquella que sus DD. HH le sean respetados, que tenga una vida digna, con sus derechos educativos, alimentación, salud, transporte estén garantizados, y la pregunta que nos viene inmediatamente es: ¿cómo logramos alcanzar esa sociedad ideal, puede el mercado por sí solo proporcionarnos las herramientas para desarrollarnos o necesitamos de un Estado absolutista que centralice todo? Ronald Reagan decía: “El gobierno existe para protegernos los unos a los otros. El gobierno ha ido más allá de sus límites al decidir protegernos de nosotros mismos”. Por otra parte, Aristóteles entendía las cosas de forma menos individualista que Reagan: “La prueba de que el Estado es una creación de la naturaleza y anterior al individuo es que el individuo, cuando está aislado, no es autosuficiente; por lo tanto, es como una parte en relación con el todo”.
Lo que permite que una persona, comunidad o sociedad pasen de la pobreza a tener una vida digna es tener acceso a un conjunto de servicios básicos que garanticen la protección de sus DD. HH, y surge otra pregunta: ¿quién debe brindar esos servicios? Con el pasar del tiempo hemos podido identificar una serie de fallas, tanto del mercado como los gobiernos, y una falla común del mercado es la incapacidad de suministrar bienes colectivos, por esa razón deben ser bienes públicos, es decir, deben estar a cargo del Estado. Si quiero un boleto de avión y no tengo el dinero para pagarlo, no podre utilizar ese medio de transporte, porque es un servicio privado, y está bien, porque no es una necesidad colectiva viajar en avión, sin embargo, si aplicamos esa lógica a las carreteras, la movilidad de los que no pueden pagarla estaría limitada a las conexiones que satisfacen las necesidades de quienes las construyen, en caso de que lo permitan, limitando el desarrollo de esas mayorías absolutas. Por tanto, ante la incapacidad del mercado para satisfacer esa necesidad colectiva, el Estado debe construir la carretera para que todos transiten, incluso aquellos que no pagaron un peso para la construcción de esta.
Hasta aquí vamos bien, pero debemos responder otra pregunta clave: ¿con cual dinero el Estado va a suministrar ese bien público? En los Estados donde tenemos un sistema económico capitalistas, este obtiene ingresos mayoritariamente a través de los impuestos, por lo que, si el colectivo no paga impuesto, no habrá recursos económicos para construir la carretera, y precisamente esa es una de las fallas de los gobiernos en países pobres o de ingresos medios, aunque puede que tengan un gran plan para desarrollar ciertas áreas, no tienen el dinero para ejecutar los proyectos.
En el año 2012, la clase política dominicana se puso de acuerdo para diseñar la Estrategia Nacional de Desarrollo, un gran plan que pretendía convertir la República Dominicana en un país desarrollado, o por lo menos dejarnos cerca para el 2030, sin embargo, dichos proyectos no han podido ser ejecutados al ritmo planificado, y ha sido por falta de recursos económicos, los cuales parte de ellos se los lleva la corrupción, pero no pública, sino la que se da a través de la evasión fiscal por parte de los sectores privados.
El sector privado utiliza los argumentos de siempre para justificar la evasión fiscal y las subvenciones, que muchas de ellas ya no son necesarias en 2024: “pagamos más que todos, y no es justo”; “el gobierno debe bajar el gasto público, son despilfarradores”; “la corrupción pública es la culpable de que el dinero no da”. Mitos, mitos y más mitos, la República Dominicana tiene el tercer gasto público más bajo de la región, además la evasión fiscal según OXFAM 2019, era casi 8 veces mayor que la corrupción pública, y las subvenciones 6 veces mayor, sin embargo, con todo eso se ha convertido en la 7ma economía de LAC, es el 4to país de América Latina con menores niveles de pobreza, solo República Dominicana y Panamá redujeron los niveles de hambre entre 2020 y 2022, además de reducir de un 8.6% a un 4.7% el hambre según la FAO entre 2020 y 2024. El País caribeño bajó dos posiciones en el ranking de Desarrollo Humano en 2023, y está haciendo inversiones de infraestructuras claves para que sigamos creciendo y desarrollándonos.
Todo esto ha sido posible pese al robo del 7% del pib en evasión fiscal y la no revisión de las subvenciones que representan un 6% del pib, en el 2020 y 2021 el Estado dominicano tuvo que asumir sin ayuda de nadie la carga que implicaba enfrentar el COVID 19, la presión fiscal fue de un 12% y el gasto público de un 22% en 2020, gastamos el doble de lo que recaudamos, por eso la deuda pública financiera llegó al 70% y la no financiera al 56%, pero no fue un capricho de Danilo (primero) y Luis Abinader (después), sino un problema que hubo que enfrentar, no fue ineficiencia, fue un gobierno que cumplió con el rol del Estado, proteger a su pueblo.
El Estado dominicano no es el más eficiente del mundo, pero si uno de los más eficientes de la región, necesitamos eficientizar más el gasto público, aunque se ha avanzado inmensamente en eso, en 2019 la sobrevaluación se llevaba el 1.1% del PIB, hoy los controles implementados han reducido eso en más del 70%; debemos revisar las instituciones que ya no deben seguir porque cumplieron un ciclo histórico, las nóminas públicas abultadas y continuar reestructurando el Estado dominicano, eso no impactará en más del 0.5% del PIB, sin embargo, debemos ser cada vez más eficientes para lograr el objetivo final, tener una sociedad donde todos vivamos dignamente.
Para concluir, la reforma fiscal que presentó el gobierno, y que a partir de hoy estará en vistas públicas, debe ser debidamente discutida, tiene una mayoría de puntos válidos y justos, además de necesarios para que el Estado dominicano recaude los ingresos que necesita para continuar desarrollándose, sin embargo, hay otros que deben ser eliminados; mi planteamiento es, que paguen los que se roban el 7% del PIB, que paguen los que más ganan, que paguen los que tienen ingresos medios y altos por sus profesiones, pero que entienden que son privilegiados, y que paguen aquellos sectores con los que el Estado dominicano ya colaboró lo suficiente para su desarrollo y que representan el 6% del pib, además, hay que debatir una serie de impuestos que deben ser progresivos para que su impacto no se inhumano y que sus resultados sean positivos; estamos obligados a un pacto social con el tema de la propuesta de modernización fiscal.