SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS) advirtió este martes que el llamado a paralizar la docencia para el próximo viernes 13 de diciembre por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), vulnera “irrazonablemente” el derecho a la educación establecido en la Constitución y provoca un clima de inestabilidad e inseguridad jurídica que no es favorable para la institucionalidad democrática del país.
La institución, mediante un comunicado, sostuvo que la petición genera una suerte de intranquilidad en todos los sectores de la sociedad pues alude a la interrupción del calendario escolar “precisamente habiendo tenido el país los resultados en la prueba PISA 2018, recientemente revelados, donde se presenta un declive en la educación dominicana”.
En ese orden, el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños, expresó que “esta ha sido una práctica históricamente repetida por la ADP, la cual ha sido posible por el modelo político que se ha instalado en el país en las últimas décadas y que forma parte de las distorsiones de este sector. En ese sentido, los vicios del sistema político reproducidos en la ADP afectan a la ciudadanía, afectan negativamente las conquistas sociales y obstaculizan los avances institucionales, así como aquellos en materia de derechos fundamentales”.
Agregó que esta práctica trata de lacerar un derecho fundamental consignado en el artículo 63 de la Constitución, por tanto, los intereses nacionales deben prevalecer frente a los de determinados sectores.
Además, dijo creer necesario que diferentes organizaciones públicas y privadas puedan abocarse a repensar a profundidad los parámetros educativos sustanciales y el currículo existente, a los fines de mejorar y evitar recurrir a mecanismos como éste que finalmente empeoran al propio sistema.
Finalmente, el vicepresidente expresó que FINJUS busca resaltar que la educación, en especial la pública, es un servicio esencial indispensable en sociedades democráticas como la nuestra pues constituye una base idónea para la concreción de la igualdad de oportunidades, favoreciendo la cohesión social y con ello el progreso económico.