SANTO DOMINGO.-La Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS), considera que el Ministerio de Educación debería actuar legalmente contra la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), ante su rechazo por la designación de 18 directores regionales mediante ordenanza 24-17.
Al manifestar su apoyo a la decisión, Finjus, afirma el MINERD actuó apegado a la legalidad, al usar los mecanismos que le otorga la Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana No. 66-97 para producir esa selección.
En ese sentido, Finjus advierte que la negativa de la Asociación Dominicana de Profesores negarse aceptar la medida del MINERD amanezca la estabilidad y gobernabilidad democrática y constituye una vulnerabilidad de derechos.
Ante lo que califica una “gravedad”,el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, exhorta al Ministerio de Educación a tomar todas las medidas legales que sean adecuadas para garantizar el derecho fundamental a la educación en la sociedad dominicana, procediendo a elevar los recursos necesarios en la jurisdicción correspondiente para poner un alto a estas actitudes que dañan gravemente a los más pobres del país.
De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio, los profesionales seleccionados responden a los criterios de idoneidad y competencia que la Ley y la Ordenanza plantean.
Posterior a este Proceso, algunos directivos de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han anunciado que desconocen la decisión del Ministerio de Educación y desde el pasado viernes 2 de marzo han iniciado acciones para impedir que las personas designadas puedan acceder a sus despachos y funciones.
“Las acciones que han comenzado a tomar la Asociación de Profesores para impedir el cumplimiento de una decisión emanada de la Ley constituye una nueva edición de las actitudes antidemocráticas que caracterizan a algunos sectores que se niegan a acatar las decisiones de nuestro ordenamiento jurídico y representan una grave amenaza a la estabilidad, la gobernabilidad y la convivencia pacífica y de manera especial, constituyen una vulneración del derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana”.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, sostiene que “Ningún sector puede atribuirse una posición de juez y parte en los conflictos que se originan en una sociedad democrática, colocándose por encima del ordenamiento jurídico y erigiéndose en propietario de la verdad y la razón”.
Es el momento de enfrentar esta grave situación que se está abriendo con firmeza y apego total al debido proceso y los procedimientos legales y constitucionales vigentes.
Dijo que Finjus al analizar la situación, considera , que los esquemas de designación que instituye la Ordenanza No. 24-2017 sí están adecuados al artículo 139 de la Ley Orgánica de Educación, la cual establece que “Los cargos administrativo-docentes y técnico-docentes de los diversos niveles del sistema educativo público serán servidos previos concursos de oposición, o por oposición y méritos profesionales”.
Sumado a lo anterior, la norma en ningún momento prohíbe la presentación de ternas, tal como bien realizó el Ministerio de Educación, sino que esta última entidad, a través de la formulación de políticas públicas, logró darle operatividad a un texto legal, del cual depende mucho la educación de nuestro país.
Al defender las designaciones, el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, explica que Ajustándose a su contenido, el Educación, encomendó a una Comisión de Expertos el estudio de los expedientes de los 149 candidatos presentados y posteriormente el Ministro realizó la designación correspondiente.