Ser miembro de la Junta Central Electoral (JCE) en un país como la República Dominicana, con un historial de fraudes electorales, y con otro mayor de denuncias, representa un inmenso reto.
No es solo elegir personas de reputación profesional, sino también, que una vez en la función, los integrantes puedan dirigir los procesos electorales con la mayor transparencia, pulcritud y credibilidad posible.
Luego de todas las denuncias de fraude que hizo Leonel Fernández en las primarias, es fundamental aclarar el camino hacia las elecciones municipales de febrero y las legislativas y presidenciales de mayo 2020.
La democracia no puede afianzarse sin confianza en las instituciones, y cada vez que se levanta una polvareda sobre la JCE, se desacredita la institución responsable de asegurar la competencia entre las fuerzas políticas para elegir gobierno; primer escalón en una democracia liberal.
La JCE tiene que estar abierta a la vigilancia por parte de los partidos y a la auditoría de expertos. Pero a la vez, los partidos no pueden echar por la borda la credibilidad de la JCE simplemente para manipular.
En general, los políticos son mentirosos y marrulleros. Su objetivo es decir siempre que van a ganar, aunque el lego más grande pueda ver que no es verdad; y en el intento por ganar, están dispuestos a utilizar todas las artimañas posibles.
Un buen órgano electoral tiene el desafío de arbitrar bien el proceso donde participan quienes, con un amplio menú de opciones, algunas non santas, compiten (pelean) para administrar el presupuesto público.
La JCE puede ser cómplice de los fraudes o, por el contrario, hacer un inmenso esfuerzo por contener los múltiples intentos de los políticos por manipular la voluntad de los electores.
En la República Dominicana, a la JCE se le ha imputado en distintas ocasiones haber sido cómplice de los políticos en los fraudes; la última fue ahora en las pasadas primarias.
Dada la controversia que ha surgido en torno al uso del voto automatizado, es importante que en la decisión de utilizarlo o no en las elecciones de 2020, se involucre de manera pública a todos los representantes de partidos, para que la decisión sea fruto de un compromiso y nadie pueda alegar luego que no estuvo de acuerdo.
Hacer esta discusión pública frente a los medios de comunicación es una buena decisión de la JCE.
Los dirigentes partidarios saben muy bien que todo sistema de votación conlleva riesgos para los candidatos, y que, la probabilidad de fraude es mayor si se vota solo con boletas de papel que automatizado con comprobante.
Esto por tres razones: 1) todos los fraudes cometidos en el pasado se hicieron con boleta de papel (las computadoras se utilizaron por primera vez en estas primarias y menos candidatos impugnaron); 2) muchos candidatos van a las elecciones municipales (2,292 posiciones directas en juego), y a la hora de contar, quien no tiene ojos en las mesas lleva las de perder; y 3) en estas elecciones, por primera vez, habrá voto preferencial para la elección de regidores y vocales de distritos (1,899 candidatos), lo que se presta a mayor manipulación en un conteo manual.
Repito, los dirigentes de los partidos y los candidatos saben perfectamente todo eso, pero en la garata política y el deseo de perturbar, la marrulla muchas veces triunfa sobre el raciocinio político.
Todo sistema de votación sea con boletas de papel o automatizado, necesita auditoría y vigilancia estricta. La JCE tiene que estar abierta a la vigilancia por parte de los partidos y a la auditoría de expertos. Pero a la vez, los partidos no pueden echar por la borda la credibilidad de la JCE simplemente para manipular. Se necesita un balance para avanzar.
Artículo publicado en el periódico HOY