Francisco Matos Mancebo
El 30 de mayo 1961 la nación dominicana dio por terminado un episodio de su historia en el cual la ausencia de libertades y ejercicios democráticos fueron el sello distintivo de la férrea tiranía que inauguró su ejercicio el 16 de agosto de 1930. Hoy, 64 años después de aquel 30 de mayo 1961, son recurrentes y crecientes las voces que impotentes y frustradas exclaman: “¡Hace falta un Trujillo!”.
Una forma ligera de pretender silenciar o anular el “¡Hace falta un Trujillo!”, es estigmatizando o adjetivando de ignorantes de la historia a los ciudadanos acorralados por el desorden y el chivo-sin-leísmo crecientes e imperantes. En este sentido cabe resaltar, que es prerrogativa indelegable del Estado garantizar cuidados y servicios institucionales a los ciudadanos y a la sociedad. “¡Hace falta un Trujillo!” no es una frase suelta ni aislada, porque no hay efectos sin causas y en ocasiones, el determinismo haya cabida en la historia. Por este ocasional determinismo procede preguntar: ¿Qué fenómenos se combinaron para dar lugar a un Trujillo?
En la actualidad, Indiscutida y distintivamente dos grandes problemáticas se conjugan para servir de plataforma al clamor referido: a) Haitianización rampante e inaceptable de la República y, b) Irrespeto y desorden social generalizados.
La primera problemática es de seguridad nacional, por tanto, es cardinal responsabilidad de las fuerzas físicas del Estado y sus organismos institucionales garantizar la inviolabilidad territorial, la preservación de nuestra identidad, de nuestros valores, y preservar al precio que fuere nuestra inalienable condición de nación soberana.
Reconocemos que el Gobierno actual implementa medidas jamás vistas para detener ese cáncer de inmigración ilegal haitiana antes que haga metástasis en el páncreas de la República, porque desaparecería su voz del concierto de naciones libres, con identidad, idioma, valores intrínsecos y soberanía.
La segunda problemática sólo tiene y tendrá solución si cada ciudadano, en la esfera social donde desarrolle sus actividades lo hace con el más alto sentido de responsabilidad, de civismo y de respeto por sus semejantes, porque no hacen falta nuevas legislaciones ni nuevos organismos de control.
Simplemente hace falta convertir en consigna y dogma de ejercicio cotidiano, que el orden es un compromiso de todos.
El Estado dominicano está estructurado en ministerios; por tanto, estos son los departamentos gubernamentales responsables de dirigir y administrar áreas específicas de Gobierno: Educación, Salud, Economía, Agricultura, Seguridad Territorial, Seguridad Ciudadana, otros. Son creados por ley y dirigidos por un ministro designado por el Presidente de la República.
Históricamente, con el objetivo de centralizar y coordinar las funciones relacionadas con la gobernación, la seguridad pública y el orden interior en la generalidad de las naciones se ha creado un ministerio de interior o su equivalente. En el caso dominicano, existe el Ministerio de Interior y Policía. La misión de éste es indeclinable e indelegable. Citamos: Garantizar la seguridad ciudadana a nivel nacional, a través de una gestión coordinada que impacte de forma efectiva los diferentes niveles del Estado, logrando una mejor y mayor prevención de los elementos negativos de la seguridad ciudadana, en el marco del respeto a los derechos de la población.
Entre otras, son funciones cardinales del Ministerio de Interior y Policía de la República: 1. Garantizar la seguridad ciudadana en el territorio nacional en el marco del respeto a los derechos humanos, la paz social, el diálogo y la concertación, la participación ciudadana y la transparencia institucional;
- Tomar las medidas y proponer las normas que sean necesarias para preservar la paz pública; 3. Controlar la correcta utilización de las vías públicas; 4. Garantizar la adopción de medidas necesarias para prevenir la violencia;
- Garantizar y mejorar el ejercicio de los derechos civiles de la población en todas las provincias;
Conforme a las atribuciones legales del Ministerio de Interior y Policía, procede preguntar: a. ¿Qué está haciendo mal?
b. ¿A qué persona física o moral ha conculcado sus derechos?
c. ¿En qué medida el (a) incumbente de un ministerio del Estado está llamado a cumplir sus responsabilidades?
¿Cuál deber ser el rol de los medios de comunicación respecto a la instauración y fomento de ambientes saludables de respeto, orden, civismo y convivencia pacífica?
Es indudable, que en nuestro país el estribillo “tiene costo político” es el mayor responsable de la tragedia social en la cual vivimos, porque fomenta y estimula la irresponsabilidad en el cumplimiento del deber. Esta tragedia se ha degradada en pandemia. Es una especie de peste bubónica provocada, porque un alto porcentaje de “ciudadanos” decidió hacer lo que da la gana, cuando le da la gana, donde le da la gana y con los medios que le da la gana. En este contexto hacer cumplir la ley tiene altísimo costo político, y Faride lo está pagando; pero la historia y la sensatez la retribuirán.
No es necesario recorrer el país para sentir los efectos de la pandemia de irrespeto y desorden social generalizados. Basta con detenerse brevemente en cualquier lugar, urbano o campestre, para presenciar horrorizado tragedias como las siguientes:
a. Aceras, calles, contenes, esquinas, avenidas, arterias comerciales, centros de salud, escuelas, universidades; paradas de autobuses y otras; cercadas, asaltadas, arropadas, vandalizadas y secuestradas por hordas sobre ruedas llamadas moto-conchos. Significa esto, que los ciudadanos tienen impedido el legítimo derecho a transitar por las vías públicas. Consecuencia directa de estos abusos es el riesgo para la integridad física de los ciudadanos que implica el secuestro de las vías por las hordas sobre ruedas.
b. Ruidos ensordecedores por doquier, como si las patentes y permisos concedidos para operar vehículos de motor, tiendas, talleres, gomeros, colmados, venduteros ambulantes, casillas de ventas en mercados y otros conllevan implícita autorización alguna para saturar y desesperar al entorno con ruidos, escándalos y entorpecimientos insoportables.
c. Vías e intersecciones de altísima circulación plagadas de enjambres de venduteros y vehículos estacionados.
d. Espacios públicos tomados y usufructuados por “padres de familias” que decidieron hacer imposible la vida a otros padres. Igualmente, porciones de calles totalmente ocupadas por talleres, gomeros y chatarras abandonados.
e. Zonas residenciales asaltadas por bancas y ruidosos colmadones.
f. Entes claves para contribuir con el orden, incumplen sus deberes; por tanto, son cómplices, promotores y mecenas del caos.
¡No hace falta un Trujillo! Hace falta cumplir las suficientes leyes existentes. Hace falta que los funcionarios cumplan fielmente el juramento que hicieron al asumir una función pública de alta responsabilidad.
¡Qué ironía!: la ministro que dignamente y de modo resuelto decide cumplir con sus deberes en favor de la sociedad es satanizada, ridiculizada, ultrajada y hasta desgarrada en sus fibras morales más sensibles por la prensa mediática, por politiqueros que hacen lo inimaginable por figurar en cuartillas y portadas de libelos y por minotauras que hace años quitaron las espoletas a las granadas que les sirven de aparatos de fonación. También lanzan sus punzantes dardos contra la Ministra de Interior y Policía representantes genuinos de la vulgaridad y hasta fanatizados prosélitos del dios Baco; pero este paquete de detractores es, precisamente, parte del componente que tan alto eleva el costo político de la factura que conlleva recuperar la decencia y restablecer el orden público, aunque sea mínimamente.
No es contra ti, Faride, …Es contra el civismo