SANTO DOMINGO.- El propietario de la discoteca Jet Set de Santo Domingo, Antonio Espaillat, arrestado el jueves, debería estar en libertad porque «no hubo intención» de provocar el accidente en el establecimiento el pasado 8 de abril, dijo este viernes a la prensa Miguel Valerio, uno de sus abogados.
Preguntado sobre la medida de coerción que se debería imponer a su cliente, el letrado dijo que «la medida más apropiada» es la libertad «porque no hubo intención en lo que paso, no lo hubo».
«Se está tratando como un caso de criminalidad organizada y no hubo intención», insistió desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, adonde Espaillat y su hermana Maribel fueron trasladados ayer tras ser detenidos, investigados por homicidio involuntario por negligencia en el cuidado del techo del local nocturno que se desplomó el 8 de abril causando la muerte a 236 personas y heridas a más de 180, informó el Ministerio Público.
La Fiscalía, que tiene un plazo de 48 horas para depositar la solicitud de medida de coerción en contra de los arrestados, indicó ayer en un comunicado que ambos imputados mostraron «una inmensa irresponsabilidad y negligencia» al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del establecimiento colapsara, como finalmente sucedió.
El arresto de los hermanos Espaillat se produjo tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien los citó a su despacho.
Según la orden de arresto, ambos habrían cometido homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal, por mostrar «una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió».
En el documento también se alude a movimientos de los imputados para presuntamente intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., la cual manejaba la discoteca, y que pueden actuar como testigos en el proceso.
El estado de la discoteca antes de la tragedia
Este viernes, las autoridades volvieron a interrogar a Gregory Adames, un empleado de la discoteca Jet Set que supuestamente habría advertido a Antonio Espaillat sobre el deterioro físico de la infraestructura y que no había condiciones para realizar la fiesta del 8 de abril con la actuación del merenguero Rubby Pérez, uno de los fallecidos.
En una entrevista emitida el 23 de abril en un programa de televisión local, el empresario Antonio Espaillat, propietario también de un conglomerado de medios de comunicación, admitió que los plafones del techo de la discoteca «siempre» se caían e, incluso, el mismo día de la tragedia se cambiaron algunos de ellos.
Espaillat, quien desde el principio de la tragedia se puso a disposición del Ministerio Público, atribuyó el desprendimiento de los plafones «a diferentes razones» y reconoció que nunca se examinó el techo para constatar la situación rea, pese a las filtraciones
Familiares de víctimas han depositado hasta el momento en torno a 80 acciones legales contra los propietarios del local nocturno.
En el accidente murieron, entre otros, el exlanzador de las Grandes Ligas Otavio Dotel; la gobernadora de la provincia de Montecristi, Nelsy Cruz; el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.
También se informó en su momento de la muerte de 18 venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano, un keniano y una costarricense.