Por Dary Terrero.
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Según los documentos depositados por el Ministerio Público para la solicitud de medida de coerción a Roberto Rodríguez, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, quedó establecido claramente que fue éste quien introdujo por primera vez en República Dominicana a la constructora brasileña, durante el período 2000-2004, cuando se desempeñaba como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA),
El representante del Ministerio Público, magistrado Milcíades Guzmán, explicó en audiencia que los resultados de las investigaciones dan constancia de que el primer contrato con Odebrecht lo firmó Roberto Rodríguez, al incluir una adenda a un contrato firmado entre Andrade Gutiérrez y el Instituto Nacional de Alcantarillados y Agua Potable (INAPA), en el año 1999, que incluyó de manera irregular a Odebrecht.
Durante el conocimiento de la medida de coerción en contra de Roberto Rodríguez, el Ministerio Público evidenció supuestas irregularidades cometidas por el imputado, al violar un decreto que le ordenaba firmar un nuevo contrato, y por el contrario rubricar un contrato que ya estaba firmado, introduciendo una nueva compañía, así como por permitir que Odebrecht fuera contratada sin tener en ese momento, como contrapartida, una empresa local, tal cual exige la ley, entre otras serias irregularidades cometidas en su gestión, y que serán ampliamente debatidas en los tribunales.
Sobre el patrimonio del señor Roberto Rodríguez, el Ministerio Público dijo que de acuerdo a las propias declaraciones del imputado, las mismas presentan un injustificable aumento patrimonial de un 717%, y lo que es peor aún, el Ministerio Publico plantea que pudo comprobar un hecho mucho más grave, que es el ocultamiento de información que lo señalan como propietario de diversas compañías entre las cuales se encuentra una participación accionaria de un 50 % en la compañía ¨Las Terrazas de San Isidro¨, la cual es propietaria a su vez, de 40 inmuebles de un importante valor monetario.
Con respecto a los depósitos bancarios el Ministerio Publico precisó los montos reales de las transacciones bancarias del imputado, rectificando los mismos y resaltando que estos datos no estaban ni deben ser considerados por el tribunal para el conocimiento de las medidas de coerción, ni para el curso de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.