SANTIAGO. El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del distrito judicial de aquí absolvió en la tarde de este martes a tres personas de un grupo de seis que estaban acusados de fraude, lavado de activos y tráfico de armas de fuego en perjuicio de la Dirección General de Aduanas (DGA), mientras que para otros tres impuso penas de 8, 5 y 2 años de reclusión a ser cumplidos en la cárcel Rafey-Hombres, de esta ciudad.
Los dejados libres por fraude o soborno fueron Héctor Manuel García Ortega, Herald Estévez Peña y Miguel de Jesús Lazala.
En tanto que los jueces del tribunal sancionaron con 8 años de reclusión a José Rafael Marte, con 5 a Gilbrand Abukarma Martínez y dos años de reclusión a Adalberto de la Rosa Rosario, los dos primeros por lavado de activos y actividades ilícitas provenientes de recursos del narcotráfico. De la Rosa Rosario fue condenado por el porte ilegal del arma de fuego.
No obstante, los abogados de Adalberto de la Rosa Rosario anunciaron que apelarán la decisión de los jueces, al igual que los demás juristas de los otros condenados, alegando que no existen pruebas suficientes para tales condenas.
La sentencia de 400 páginas, tras más de 25 aplazamientos y traslados de escenarios, fue leída primeramente por luna de las juezas y luego por el presidente del tribunal Osvaldo Castillo, quien dio paso a la secretaria para leer de manera íntegra las sanciones a los imputados.
Francisco Francisco, de la barra de la defensa de José Rafael Marte declaró que solicitarán la apelación y van a demostrar que el dinero usado en negociaciones inmobiliarias fue producto de una venta de una residencia en Miami, Estados Unidos.
Durante la audiencia, los jueces del tribunal criticaron a la Dirección General de Aduanas (DGA), ya que no colaboró para establecer las sanciones a las personas involucradas en el caso.
A los prevenidos, en su mayoría exempleados de Aduanas, se les acusaba de haber permitido la salida de varios furgones con mercancías sin la correspondiente verificación.
Asimismo, fueron imputados por poseer armas de fuego y municiones ilegales encontradas en allanamientos.
En el 2010, las autoridades judiciales locales declararon que el fraude que se habría cometido contra Aduanas aquí rondaba los RD$100 millones.