Una afiliada al Seguro Nacional de Salud (Senasa) se querelló este miércoles contra varios médicos y empleados de esa ARS, a quienes imputa de usar sus datos personales y falsificar su firma para facturar por estudios y procedimientos que nunca le fueron realizados en septiembre de 2025.
La querellante, María de los Ángeles Flores Ovando, solicita una indemnización de 20 millones de pesos por los daños ocasionados.
En su recurso judicial, alega haber sido vulnerada directamente en sus derechos fundamentales a la identidad, la intimidad y la protección de sus datos personales.
Entre los demandados por Flores Ovando están los doctores Griselda Altagracia Basora Ramírez José Luis Díaz Hernández, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, entre otros, así como a la razón social Centro Médico Universal, quienes forman parte de los imputados en Senasa 2.0 u Operación Cobra 2.0-A.
También Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Ángel Luis Guzmán Vásquez.
La querellante menciona en su instancia que la doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez reclamó 11 mil seiscientos pesos por supuestamente haberle realizado la resección de un granuloma vulvoperineal en el hospital municipal de Mata Hambre, en el Distrito Nacional, cuyos documentos aparecen autorizados con su firma.
Agrega la querella que “para perfeccionar la estafa y asegurar el desembolso de valores financieros públicos, la red actuó en contubernio con los profesionales de la salud Dr. José Luís Díaz Hernández y Dr. Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, quienes completaron y sellaron los formularios oficiales de reclamación, falsificando intencionalmente la firma de la señora María de los Milagros Flores Ovando”.
Los abogados de Flores Ovando sostienen que la falsificación de la firma es un “hecho que fue plenamente corroborado e identificado mediante las pericias grafotécnicas practicadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)”.
En consecuencia, “de dicha intromisión digital no autorizada”, concluyen los abogados Raudys Leonardo Fernández Rodríguez, Delsa González y Niki Rafael Minaya Jáquez, la presunta estafa “extrajo ilegalmente de la base de datos confidencial el expediente personal y las informaciones de afiliación de su clienta.
La tarde de este miércoles, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocía la solicitud del Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare complejo.
Por Norberto Rubio