SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Lo que se ha hecho con los acusados por el caso Odebrecht ante el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia es una mezcla llena de prejuicios que daña la moral de los implicados, declaró el miembro del Comité Político del PLD, Franklin Almeyda.
En un artículo de opinión publicado este lunes, señala que no puede suponerse litispendencia relacionando la sobrevaluación con el lavado, financiación electoral, declaración jurada incrementada y el soborno.
Dice que al mezclarlo todo la Procuraduría General de la Republica está creando agravios innecesarios y afectando la moral, por igual, sin haberse separado la responsabilidad individual de cada uno.
El artículo
El texto de su artículo es el siguiente:
“El daño moral está hecho
Es absolutamente una mezcla llena de prejuicios, lo que se ha hecho con los 14 encartados ante el Juez de Instrucción de la SCJ. Necesariamente, no puede suponerse litispendencia relacionando la sobrevaluación con el lavado, financiación electoral, declaración jurada incrementada y el soborno.
Al mezclarlo todo la Procuraduría crea agravios innecesarios y daña la moral, por igual, sin haberse separado la responsabilidad individual de cada uno. El debido proceso empieza con las garantías procesales, debiendo ser específico en la acusación.
Por ejemplo, no es lo mismo haber recibido recursos económicos para campaña electoral, que las otras situaciones señaladas. La financiación electoral no es un delito penal, las otras pueden serlo.
En la declaración jurada se invierte la prueba y el afectado debe probar el origen en el incremento de sus ingresos. Relacionarlo con los demás delitos indicados es presumir culpabilidad en aquellos sin haberle dado la oportunidad de probar su inocencia.
Confundir soborno con financiamiento electoral e incremento en la declaración jurada, es un prejuicio incriminatorio que violenta la presunción de inocencia de un imputado.
Entender que hubo sobrevaluación por las adenda a los contratos, sin haberse ordenado una auditoría técnica que reflejara la improcedencia de esas adenda a los contratos, para entonces presumir que hubo soborno, financiamiento electoral, lavado e incremento en la declaración jurada, es una torpeza propia del que entra en el juego político mediático para complacer el morbo y no la de hacer justicia.
Es totalmente improcedente relacionar en todos los casos esas figuras jurídicas en los 14 imputados. Hacerlo es concluir con que estaban todos de acuerdo para cometer ilícitos, como si se tratara de un concierto de delincuencia organizada.
Todos son inocentes, hasta ser juzgados con sentencias irrevocables; todos deben estar amparados por las garantías procesales y constitucionales. Pero todos no están en situaciones iguales.
¿Cómo redimir moralmente a aquellos que sean declarados inocentes? ¿O aquellos que sin declararlos inocentes, no puedan ser condenados? ¿O las diferentes penalidades que puedan ser impuestas por ser diferentes delitos?
El país está viviendo un espectáculo de mal gusto, mediante el cual 14 imputados se han amarrado en un paquete para justificar una acción mediática, no para hacer justicia. Aun siendo un solo expediente hubo de hacerse una clara diferenciación.
Si hubo incremento en la declaración jurada y puede el imputado probar el origen legítimo o si lo suyo fue financiamiento electoral, que no es delito penal, cómo deshacer la fama de lavado, soborno o sobrevaluación.
Si al realizarse una auditoría técnico profesional, ojalá sea por empresa internacional acreditada, no se comprueba sobrevaluación, ¿de qué manera probar fraude al Estado, lavado o soborno?
Estamos en presencia de una clara violación al debido proceso y sus garantías constitucionales y legales. Se trata de una actuación para acallar, no para juzgar.
No se trata solo de los cinco del PLD, sino de todos. Todos tienen derecho a un juicio precisando sus agravios. Todos son inocentes hasta ser juzgados. Se debe dejar actuar a la justicia para que por presión, el daño no sea mayor al que se busca corregir.
Si los 14 van a ser linchados, que lo hagan los tribunales; si alguno es declarado inocente, si ocurriere, se debe reparar el daño, si fuere posible, en la sociedad y por cinco generaciones.”.