La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) respaldaron este lunes la propuesta de ampliar a 24 meses el plazo para la entrada en vigencia de los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal, relativos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La iniciativa fue depositada ante el Senado de la República por el senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, y plantea modificar el artículo 31 de la Ley núm. 44-26 para extender el período de adecuación de las empresas frente a las nuevas obligaciones.
A través de un comunicado, ANJE señaló que la propuesta recoge parte de los planteamientos que ha formulado desde 2025, entre ellos la necesidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) cuenten con una regulación diferenciada y proporcional.
El gremio sostuvo que el plazo de adecuación de tres meses, que vence el próximo 5 de noviembre, no permite a las empresas cumplir de forma real y efectiva con las nuevas exigencias ni asumir los costos asociados al nuevo estándar de cumplimiento.
En ese sentido, exhortó a las instituciones del sistema de justicia y al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes a desarrollar programas de formación y modelos de cumplimiento proporcionales al tamaño, la actividad y el nivel de riesgo de cada empresa.
El presidente de ANJE, Boris De León Reyes, afirmó que la norma penal debe ser precisa e inequívoca y que su aplicación requiere reglas claras, proporcionalidad y un tiempo razonable de preparación.
ANJE también llamó al Congreso Nacional a conocer con prioridad la iniciativa antes de que venza el plazo de vacatio legis dispuesto por la Ley núm. 44-26, a fin de aprovechar el período para promover un diálogo entre los distintos sectores involucrados que permita realizar los ajustes necesarios para garantizar mayor seguridad jurídica, proporcionalidad y una implementación ordenada del régimen.
De su lado, la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) respaldó la ampliación del plazo y sostuvo que las compañías del sector necesitan más tiempo para fortalecer sus controles internos y adecuarse a las nuevas exigencias.
A través de un comunicado, su presidente, Freddy González Estrada, afirmó que la iniciativa facilitaría una transición ordenada y permitiría preparar al sector de la seguridad privada para cumplir con las obligaciones previstas en el nuevo régimen.
Según explicó la entidad, la propuesta establece que las disposiciones de los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal entren en vigor 24 meses después de la publicación de la eventual ley, en sustitución del plazo de tres meses contado desde el 5 de agosto de 2026.
Por Norberto Rubio