El tráfico de armas es una de las principales causas de la persistente violencia armada en Haití, una realidad que ha dejado más de 5,700 personas muertas o heridas en lo que va de 2026, según registros de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos .
Un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, elaborado por el Panel de Expertos sobre Haití, sostiene que una parte significativa de las armas y otros pertrechos bélicos que ingresan ilegalmente a ese país termina en manos de miembros de bandas criminales, como 400 Mawozo, 5 Segond, Gran Grif, Kokorat San Ras y Tokyo, grupos que mantienen a ese territorio sumido en el caos y agravando su crisis social y política.
Aunque no todos los cargamentos llegan a su destino, ya que algunos son interceptados por las autoridades antes de cruzar la frontera.
No obstante, a pesar del decomiso de decenas de armas y miles de municiones destinadas a Haití, las investigaciones de las autoridades dominicanas no han permitido identificar públicamente a los responsables de mayor jerarquía de estas redes de tráfico, mientras el informe de la ONU revela vínculos con agentes corruptos y deja interrogantes sobre el destino de las municiones vinculadas a las unidades militares.
Entre los operativos realizados por agencias de seguridad y las autoridades aduaneras dominicanas contra estas redes se destaca el ocurrido el 8 de noviembre de 2022 en el paso fronterizo de Elías Piña, donde agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) detuvieron a dos mujeres haitianas que viajaban en una yipeta Lexus blanca junto con una niña de un año y tres meses.
De acuerdo con las autoridades, ambas mujeres intentaban introducir ilegalmente en Haití 22,160 municiones: 12,000 de calibre 7.62 milímetros y 10,160 de calibre 5.56 milímetros.
Posteriormente, la menor fue entregada a su padre a través del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
En un primer momento, el Juzgado de Atención Permanente de Elías Piña impuso tres meses de prisión preventiva a Milien Midrene Manessa y Fara Josef, señaladas por el Ministerio Público (MP) como presuntas responsables del hecho.
Sin embargo, en julio de 2024, dos años después del decomiso, el Tribunal Colegiado de Elías Piña condenó únicamente a Milien Midrene Manessa, quien recibió una pena de 10 años de prisión que debía cumplir en la cárcel pública de Barahona.
El puerto de Haina fue escenario de dos operaciones distintas a comienzos de 2025, ambas relacionadas con cargamentos procedentes de Estados Unidos.
Por Norberto Rubio