El Ministerio Público sostiene que el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) no se limitó a maniobras administrativas, sino que incluyó sobornos, doble facturación, cobros por servicios y medicamentos no suministrados, uso de sellos médicos falsos, adulteración de estados financieros y otras prácticas que habrían permitido distraer fondos públicos.
Las líneas de investigación también abarcan la venta de medicamentos donados, autoasignación de salarios y viáticos, cirugías estéticas realizadas en instalaciones de un centro oncológico, sabotaje digital y robo de archivos, según las imputaciones descritas por el órgano acusador.
El Ministerio Público asegura haber recabado evidencias de sobornos a gran escala dentro de la estructura investigada por el fraude contra Senasa. Según el órgano acusador, el esquema habría involucrado a funcionarios de la administradora pública y prestadores de servicios de salud.
Estas prácticas forman parte de una investigación más amplia por corrupción administrativa, desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Una de las maniobras investigadas consiste en la doble facturación de servicios médicos a Senasa. El Ministerio Público sostiene que esta práctica fue utilizada para distraer recursos de la administradora pública de riesgos de salud.
La investigación también vincula esas operaciones con otras irregularidades, entre ellas el uso de sellos médicos falsos, alteración de indicaciones clínicas y cobros relacionados con servicios o medicamentos que, según el expediente, no habrían sido suministrados a los pacientes.
El Ministerio Público afirma que parte del dinero fue sustraído mediante cobros a Senasa por servicios y medicamentos que no fueron entregados a los pacientes. Esta modalidad aparece específicamente dentro de la investigación vinculada al Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Según el órgano investigador, los procesados habrían utilizado entidades relacionadas para facturar prestaciones inexistentes o incompletas, afectando tanto los recursos de Senasa como la atención destinada a pacientes vulnerables.
La investigación también incluye presuntas adulteraciones de estados financieros como mecanismo para facilitar la distracción de recursos. El Ministerio Público sostiene que estas prácticas permitieron encubrir operaciones fraudulentas y movimientos de fondos dentro de la estructura investigada.
A esto se suma, según la acusación, la utilización de programas especiales sin sustento jurídico. El órgano persecutor considera que estas herramientas fueron empleadas para desviar dinero público mediante operaciones que aparentaban tener respaldo administrativo o institucional.
Por Norberto Rubio