Tennessee ya intentó ejecutar a Christa Pike. Le administró las dos tandas de pentobarbital contempladas en su protocolo, esperó que muriera y, cuando comprobó que continuaba respirando, se encontró ante una situación para la que sus propias reglas no establecían un paso siguiente. Pike terminó en un hospital y ahora el problema trasciende las causas médicas del fracaso: ¿puede el Estado someterla legalmente a una segunda ejecución?
La respuesta no es simplemente sí o no. Existe un precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos que permitió repetir una ejecución fallida, pero las circunstancias de Christa Pike son sustancialmente diferentes. También hay una decisión más reciente de la Corte Suprema de Ohio que autorizó un segundo intento, aunque precisamente porque el tribunal consideró que la primera ejecución nunca llegó jurídicamente a comenzar: los funcionarios no consiguieron administrar las sustancias letales.
Al Jazeera informó este jueves que funcionarios de Tennessee administraron a Pike dos tandas de pentobarbital. El protocolo estatal dispone una segunda serie de jeringas si el condenado continúa con vida después de la primera, pero no especifica qué debe hacerse si la persona tampoco muere después de la segunda.
Los periodistas que presenciaron el procedimiento escucharon ronquidos, fuertes exhalaciones y jadeos. Pike también movió los pies repetidamente, según los testimonios recogidos por medios estadounidenses. La cortina que separaba la cámara de ejecución de los periodistas fue cerrada y posteriormente los observadores tuvieron que abandonar el lugar sin que se hubiera anunciado la muerte. Pike fue retirada en ambulancia y trasladada a un hospital.
El Departamento de Corrección de Tennessee sostiene que siguió todos los pasos del protocolo de ejecución aprobado por la Fiscalía General estatal. El gobernador Bill Lee ordenó después una revisión integral e independiente para establecer exactamente qué ocurrió y suspendió la ejecución que todavía estaba prevista en Tennessee durante este año.
El episodio es especialmente significativo porque el estado había revisado su sistema de ejecuciones después de problemas anteriores y porque este es el segundo procedimiento que Tennessee no consigue completar en apenas cinco meses. En mayo tampoco pudo ejecutar a Tony Carruthers debido a dificultades para establecer adecuadamente las vías intravenosas.
El antecedente jurídico más importante se remonta a hace casi 80 años.
En mayo de 1946, Willie Francis, un joven condenado por asesinato en Louisiana, fue colocado en la silla eléctrica. El verdugo accionó el mecanismo, pero Francis no murió, aparentemente debido a una falla del equipo. Fue retirado de la silla y devuelto a su celda. Louisiana decidió intentarlo nuevamente.
El caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos bajo el nombre Louisiana ex rel. Francis v. Resweber. En enero de 1947, el máximo tribunal determinó que una segunda ejecución no violaría, en aquellas circunstancias, las protecciones constitucionales contra el doble castigo ni la prohibición de castigos crueles e inusuales.
La mayoría consideró determinante que el primer fracaso hubiese sido producto de un accidente y no de una intención de infligir sufrimiento adicional. La Corte entendió que un fallo imprevisible del equipo no convertía automáticamente un segundo intento en un castigo constitucionalmente prohibido.
Por Norberto Rubio