La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana, al ofrecer las conclusiones de los trabajos realizados por la comisión especial de ese organismo designada para asistir a las audiencias, el presidente de la entidad, doctor Manuel María Mercedes, criticó el deficiente desempeño del Ministerio Público en el proceso de investigación que entre otras cosas obvió interrogar a los llamados delatores de Brasil, no obstante haber sido autorizado por el Juez, no presentó los resultados de cientos de interceptaciones telefónicas que fueron también autorizadas y otras medidas de instrucción, no imputó a los representantes de la empresa ODEBRECHT en el país, sino que por el contrario los protegió con un supuesto acuerdo del que nunca rindió cuentas al Juez, ni presentó prueba que se derivara del cumplimiento del mismo y decidió sin justificación alguna, no perseguir ni presentar acusación, contra las personas involucradas en el caso de la Termoeléctrica de Punta Catalina.
El Ministerio Público dominicano, conforme a los datos que suministró Transparencia Internacional y el grupo JOTA, fue uno de los que menos información solicitó de las autoridades de Brasil, lo que quedó reflejado en la audiencia preliminar con una presentación deficiente y selectiva de pruebas.
La Comisión remarca la preocupación por la inclusión irregular al proceso del destacado dirigente de la oposición JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ (Chu) como acusado en el caso ODEBRECHT, en violación al debido proceso de Ley y habiéndose evidenciado en la audiencia preliminar que el quantum probatorio presentado por el Ministerio Público en modo alguno justificaba su inclusión en la acusación y mucho menos su envío a juicio.
Afirman que cuando las autoridades llamadas a aplicar la ley, la violan o cuando por miedo o influencia de los PODERES de turno, se incurre en nefastas violaciones a los derechos humanos, a la Constitución y a las leyes, la persecución penal de los actos de corrupción se desacredita y se genera una nefasta aureola de impunidad que transmite la sensación de que los poderosos tienen patente de corso para delinquir impunemente, mientras que un inocente, podría ser procesado injustamente y condenado por un hecho que o cometió, solo para ocultar a los reales culpables.
La reacción de la Comisión se produce en medio de las expectativas generadas en el país, ante el fallo que emitirá el próximo viernes 21, el juez Francisco Ortega, en el que determinará si envía a juicio de fondos a los siete encartados, o declara un No ha Lugar.
Informaron que una vez se de a conocer la decisión, la comisión que asistió a todas las audiencias celebras ante el Juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, con las pruebas suministradas por todas las partes rendirá un informe, mismo que será presentado íntegramente y en el momento oportuno.