La República Dominicana atraviesa un escenario de contraste institucional donde la valoración del sistema democrático se encuentra bajo presión, el descontento con la representación legislativa se consolida y, al mismo tiempo, el voto se reafirma como el pilar fundamental e insustituible de la convivencia política.
Así lo revela el informe de Latinobarómetro 2026 ¿La crisis de la democracia liberal?, un estudio que analiza tres décadas de monitoreo del pulso socio-político en la región y que sitúa al país en una posición intermedia frente a sus pares de América Latina.
De acuerdo con los hallazgos del informe, el apoyo a la democracia en la República Dominicana se ubica en un 47 %. Esta cifra sitúa al país por debajo del promedio latinoamericano, que alcanza un 52 %, evidenciando -según el informe- un desgaste en la adhesión ciudadana hacia el modelo democrático tradicional.
En el contexto regional, la República Dominicana queda distante de las naciones sudamericanas que lideran la tabla de respaldo institucional, como Argentina, que registra un 73 % de apoyo, o Uruguay, con un 64 %.
No obstante, el indicador dominicano supera a países con serios reveses institucionales o con regímenes autoritarios consolidados, donde el apego a las formas democráticas ha descendido a niveles mínimos.
Este 47 % refleja un malestar estructural y una insatisfacción con los resultados que el sistema ofrece en el día a día de la ciudadanía, un fenómeno que Latinobarómetro atribuye al desacople entre las expectativas sociales y la capacidad de respuesta de la clase política.
Uno de los puntos donde más se evidencia la desconexión entre la ciudadanía y las instituciones locales es el Poder Legislativo. En la República Dominicana, el 68 % de los ciudadanos manifiesta no sentirse representado por su Congreso Nacional.
En contraposición, apenas un 31 % de la población afirma identificarse con la labor que realizan sus senadores y diputados.
Esta marcada brecha de representación no es exclusiva del territorio dominicano, pero confirma que la Cámara de Diputados y el Senado enfrentan un distanciamiento significativo respecto a las demandas de sus electores.
La percepción de que las decisiones legislativas responden a intereses particulares o partidarios, antes que al bienestar colectivo, alimenta la desconfianza hacia la cámara alta y baja.
Por Norberto Rubio