LIMA.- Los indígenas de la etnia Wampis exhortaron este viernes al Estado peruano a “atender de manera inmediata” un derrame de petróleo ocurrido en septiembre pasado en su territorio amazónico, ante la supuesta inacción de la empresa y de las autoridades para remediar el desastre ambiental.
“Reiteramos la urgencia de que las instituciones estatales atiendan de manera pertinente y coordinada las exigencias de las comunidades cuyos territorios se han visto afectados por el derrame del 9 de septiembre”, expresó en un comunicado el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW).
La comunidad denunció que “no es posible” que 42 días después del vertido de hidrocarburos en el kilómetro 117 del Oleoducto Norperuano, que opera la petrolera estatal Petroperú, “la población continúe sin sus demandas atendidas”.
Según explicó, ni el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), “ni ningún otro organismo del Estado”, han coordinado adecuadamente con la comunidad las medidas para contener, limpiar, remediar y reparar sus “derechos afectados”.
“Además de ello, Petroperú no ha llegado a ningún acuerdo, ni tampoco muestra disposición a dialogar con la comunidad respecto a las acciones de remediación y limpieza ambiental que se deben realizar en su territorio”, agregó.
El GTANW insistió en que “la larga lista de derrames en distintas partes del Oleoducto durante los últimos meses y años debería ser preocupación y motivo para una atención estructural por parte del Estado y de la empresa Petroperú para dar solución integral y definitiva de modo que evite derrames permanentes”.
“Estamos cansados de que los gobiernos continúen avalando este sistema que permite que constantemente las empresas petroleras vulneren los derechos humanos elementales de las naciones originarias”, señaló la comunidad.
En esa línea, instó al Gobierno a hacer cumplir la ley para que “Petroperú asuma su responsabilidad de estos crímenes ambientales” que, según indicó, ya suman tres en los últimos ocho años.
Por último, el GTANW pidió al Ejecutivo que “considere cortar la espiral tóxica de los derrames ocasionados por el mal estado del Oleoducto Norperuano” y que, por tanto, no permita sus operaciones en caso de que su mantenimiento no sea el adecuado.
En julio pasado, el GTANW envió una carta al Gobierno peruano solicitando una “reunión ampliada y de emergencia” ante el conflicto de la tala ilegal en su territorio, conformado por 85 comunidades y unas 16.000 personas, que abarca más de 1,3 millones de hectáreas en los valles de los ríos Santiago y Morona, entre las regiones selváticas de Amazonas y Loreto.
En septiembre de 2021, la Organización de Naciones Unidas confirmó la inclusión del GTANW en el registro de “Territorios y Áreas conservadas por pueblos indígenas” (Ticca, por sus siglas en inglés), que permite a las comunidades custodiar la toma de decisiones acerca de su hábitat.