El programa Familias de Cariño, destinado a brindar atención a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, mantuvo durante 2024 entre sus beneficiarios a por lo menos 15 servidores públicos que recibían salarios de otras instituciones estatales de hasta 200,000 pesos mensuales.
La irregularidad fue identificada en una auditoría de la Contraloría General de la República al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024.
El informe establece que 12 de los servidores públicos figuraban como cuidadores de adultos mayores, mientras que los otros tres estaban registrados como envejecientes beneficiarios del programa.
Los 12 cuidadores que figuraban en la nómina del programa Familias de Cariño también eran empleados de otras instituciones públicas, donde devengaban salarios de entre 30,000 y 155,000 pesos mensuales, según los hallazgos de la Contraloría.
Los auditores revisaron las nóminas de enero, junio y diciembre de 2024, período en el que identificaron pagos mensuales del programa por un total de 170,000 pesos a estos 12 cuidadores.
Según la documentación examinada, 11 de estas personas recibían 15,000 pesos mensuales del programa, mientras que una percibía 5,000 pesos. Los salarios que devengaban en otras entidades públicas sumaban 784,550.32 pesos al mes.
La Contraloría también identificó a tres personas registradas como envejecientes que figuraban en nóminas de otras instituciones del Estado, con remuneraciones que, según los datos revisados, alcanzaban hasta 200,000 pesos mensuales.
El informe advierte que esta situación representa riesgos de inclusión de personas que no cumplen los requisitos del programa, duplicidad de beneficios y aumento del gasto público.
La auditoría examinó los informes de gestión y las solicitudes de pago correspondientes a 2024, año en el que el programa registró desembolsos por 54,395,000 pesos.
De ese monto, los auditores seleccionaron una muestra de 16,545,000 pesos, correspondiente a enero, junio y diciembre, para verificar los procedimientos de selección de beneficiarios y la documentación que sustentaba los pagos.
Por Norberto Rubio