La expresión “puesto en 29” se ha popularizado para referirse a la muerte de un delincuente real o supuesto a manos de la Policía, un desenlace que algunos sectores incluso aplauden.
Sin embargo, celebrar que los agentes maten a una persona como castigo por los delitos que le atribuyen significa aceptar que la Policía sustituya a los tribunales e imponga una pena de muerte que la Constitución dominicana prohíbe.
A mí también la delincuencia me tiene “jarto”.
Quien sale a trabajar, nuestros hijos y demás familiares pueden convertirse en víctimas.
Esa angustia es legítima, pero entregarle a la Policía la facultad de decidir quién merece morir nos expone a otro peligro.
Ese aplauso compromete a la Policía, al Ministerio Público, a los tribunales y al sistema penitenciario.
La Policía informó que mantiene 53,877 órdenes de arresto pendientes, una cantidad que no representa necesariamente a igual número de personas.
También atribuyó más de diez registros policiales al detenido por el asalto a Kenny Grullón.
Una ficha no equivale a una condena, pero ese historial obliga a preguntar qué ocurrió con las investigaciones, las acusaciones y las decisiones judiciales. ¿Dónde falló la protección que debía recibir la ciudadanía?
La cárcel tampoco puede quedar fuera del examen.
Por Norberto Rubio