Este 6 de noviembre se conmemora el 182 aniversario de la proclamación de la primera Constitución de la República Dominicana, un documento que nació en medio de tensiones políticas y militares y que, desde entonces, ha experimentado 40 modificaciones.
La primera Carta Magna fue proclamada en San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, cuando todavía estaban en discusión las bases sobre las que debía organizarse el nuevo Estado. De un lado estaban quienes defendían un gobierno civil republicano; del otro, los que respaldaban la autoridad del general Pedro Santana, entonces jefe del Ejército y principal figura de poder de la naciente República.
Aquel escenario de diferencias políticas acompañó la elaboración del documento que sentaría las bases del orden constitucional dominicano.
El Congreso Constituyente abrió sus sesiones el 24 de septiembre de 1844, luego de ser convocado por la Junta Central Gubernativa. Sin embargo, las diferencias entre sus protagonistas se hicieron evidentes desde el comienzo, incluso antes de que los diputados entraran de lleno en la discusión del texto constitucional.
Durante el discurso inaugural, Tomás Bobadilla elogió a Santana, a quien calificó como la “esperanza de la Patria”. En cambio, dirigió fuertes críticas contra Juan Pablo Duarte, al que describió como un “joven inexperto” que, según sus palabras, nunca había hecho otra cosa que comprometer la seguridad del país y las libertades públicas.
Las diferencias no quedaron limitadas a los discursos. La disputa llegó a su punto más delicado cuando Santana se negó a jurar la Constitución elaborada por los diputados, al considerar que sus disposiciones restringían las facultades que necesitaba para gobernar.
La resistencia del general puso a los constituyentes frente a un obstáculo que amenazaba la aprobación de la primera Carta Magna. La salida fue incorporar el artículo 210, introducido por Bobadilla y aprobado bajo presión.
La disposición otorgaba al presidente amplias facultades para gobernar sin asumir responsabilidad por sus decisiones. El texto lo autorizaba a “dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna”.
Así, el documento que debía establecer las reglas del nuevo Estado terminó incluyendo una prerrogativa que respondía a las exigencias de Santana y dejaba al descubierto el enfrentamiento entre quienes defendían un gobierno republicano sujeto a normas y quienes respaldaban una autoridad presidencial prácticamente ilimitada.
La elección de San Cristóbal como sede de la Asamblea Constituyente respondió al propósito de mantener a los diputados alejados de las presiones políticas que se concentraban en Santo Domingo y permitirles discutir el proyecto con mayor libertad.
Por Norberto Rubio