Uno de los grandes males que ha acompañado a la democracia dominicana desde la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en 1961, es la persistencia de la corrupción en la administración pública. A lo largo de las últimas seis décadas, los distintos gobiernos han prometido transparencia, austeridad y sanciones contra quienes utilizan los recursos del Estado para beneficio particular. Sin embargo, la repetición de escándalos, las denuncias de irregularidades y las dificultades para garantizar consecuencias oportunas han mantenido viva la percepción de que la lucha contra este flagelo todavía no alcanza los resultados esperados por la sociedad.
Desde las administraciones de Leonel Fernández hasta las de Luis Abinader, pasando por los distintos partidos que han ejercido el poder, el compromiso de combatir la corrupción ha formado parte de los discursos de toma de posesión y de las promesas electorales. El problema no consiste únicamente en reconocer la gravedad de esta práctica, sino en transformar las declaraciones políticas en instituciones capaces de prevenirla, investigarla y sancionarla, sin privilegios ni excepciones.
La ciudadanía está cansada de escuchar promesas que no siempre se traducen en resultados verificables. Cada nuevo caso que involucra el uso irregular de fondos públicos, la contratación de obras, las compras estatales o el otorgamiento de beneficios particulares vuelve a plantear la misma interrogante: ¿quién vigila a quienes administran el dinero de los contribuyentes y qué consecuencias enfrentan cuando incumplen la ley?
La corrupción no debe convertirse en un argumento para condenar indiscriminadamente a todos los funcionarios ni a todos los partidos políticos. Su combate exige precisamente lo contrario: investigaciones sustentadas en pruebas, respeto al debido proceso y sanciones determinadas por los tribunales. La responsabilidad penal es individual, pero la responsabilidad política y administrativa también debe exigirse cuando existen fallas de supervisión, controles deficientes o negligencia en el manejo de los recursos públicos.
El costo económico y social de la corrupción
La corrupción gubernamental no es solamente un problema moral o judicial. Constituye un obstáculo para el desarrollo económico, la productividad y la reducción de las desigualdades. Cuando una obra pública se adjudica por favoritismo, se altera una licitación o se paga por servicios que no reúnen las condiciones contratadas, el perjuicio recae sobre toda la sociedad.
El dinero desviado o mal utilizado deja de financiar necesidades prioritarias como hospitales, escuelas, seguridad ciudadana, agua potable, transporte e infraestructura. Además, cuando las decisiones de inversión responden a intereses particulares y no a criterios de rentabilidad social, el Estado puede terminar pagando más por obras de menor calidad, comprometiendo recursos presupuestarios durante años.
Existe también un efecto sobre la competencia empresarial. Las compañías que cumplen las normas, pagan sus impuestos y presentan ofertas competitivas quedan en desventaja cuando otras obtienen contratos gracias a relaciones privilegiadas. En esas condiciones, la corrupción premia la cercanía con el poder en lugar de la eficiencia, la innovación y la calidad. El resultado es un mercado menos competitivo, una inversión de menor calidad y una economía que desaprovecha oportunidades de crecimiento.
El problema adquiere mayor relevancia en un país que necesita ampliar su capacidad productiva y mejorar la calidad del gasto público. Cada peso del presupuesto debe producir el mayor beneficio social posible. La transparencia, por tanto, no es un lujo administrativo: es una condición para elevar la productividad del gasto, preservar la estabilidad fiscal y mejorar los servicios que recibe la población.
La corrupción también perjudica a los sectores más vulnerables. Las personas con mayores ingresos suelen disponer de alternativas privadas cuando los servicios públicos funcionan deficientemente; las familias de menores recursos, en cambio, dependen en mayor medida de la educación, la salud y la protección social financiadas por el Estado. Por eso, el uso indebido de los fondos públicos profundiza las desigualdades y reduce las oportunidades de movilidad social.
Por Norberto Rubio