La República Dominicana enfrenta un dilema central: proteger a consumidores y empresas del encarecimiento internacional de los combustibles sin transformar esa protección en una carga fiscal permanente. El problema trasciende el precio de la gasolina: afecta el transporte, los alimentos, la agricultura, la industria, el turismo, la electricidad, la inflación y la balanza de pagos.
La dependencia casi completa de combustibles importados expone al país a choques externos. El precio final en pesos, sin embargo, también depende del tipo de cambio, los impuestos, los márgenes de distribución y las decisiones de subsidio. La estabilidad del precio en las estaciones no significa que el costo internacional haya desaparecido: significa que alguien más está absorbiendo una parte.
El Banco Central de la República Dominicana informó que el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) promedió alrededor de 97 dólares por barril en octubre de 2026. Atribuyó las presiones al conflicto en Medio Oriente y observó que la menor capacidad internacional de refinación encareció particularmente los derivados, sobre todo el diésel. El petróleo crudo y el gasoil no tienen por qué variar en la misma proporción: intervienen los márgenes de refinación, los fletes, los seguros y la disponibilidad del producto.
Una reducción del WTI no garantiza un descenso equivalente del gasoil importado. Evaluar la política energética únicamente por el barril de crudo puede conducir a conclusiones erróneas.
La carga terrestre es uno de los principales canales de transmisión del gasoil. Un producto agrícola debe recorrer centros de acopio, mercados mayoristas, distribuidores y puntos de venta. Cada etapa incorpora transporte, almacenamiento y, en ciertos casos, refrigeración. Cuando sube el costo logístico, el precio final puede aumentar.
La agricultura utiliza además combustibles para maquinaria, riego y preparación de terrenos. No obstante, los precios de alimentos también responden a clima, fertilizantes, mano de obra y condiciones de mercado. Una evaluación seria debe separar estas causas y evitar atribuir al gasoil toda variación de la canasta.
El combustible de aviación afecta los costos de las aerolíneas que conectan al país con sus mercados emisores. Un aumento sostenido puede presionar tarifas, márgenes, frecuencias o decisiones de rutas, aunque el traslado al pasajero depende de la competencia y la demanda. También pesan el transporte de empleados, huéspedes, alimentos y suministros dentro del territorio nacional.
La reducción semanal del avtur a 356.82 pesos ofreció un alivio puntual, pero no elimina la exposición del turismo a fluctuaciones internacionales. La competitividad turística depende también de logística y eficiencia energética, no solo de promoción y conectividad.
La matriz eléctrica dominicana combina gas natural, carbón, derivados del petróleo y fuentes renovables. Por ello, el WTI no determina automáticamente el costo de toda la electricidad. Los contratos, la participación de cada tecnología y las condiciones de despacho importan. Si sube la generación y las tarifas permanecen sin cambios, parte de la diferencia puede aumentar las transferencias públicas al sector.
Los subsidios a hidrocarburos y las transferencias eléctricas deben contabilizarse por separado para evitar duplicidades. Diversificar fuentes, fortalecer redes y reducir pérdidas de distribución puede reducir la exposición fiscal, aunque la expansión renovable también exige inversión en almacenamiento y respaldo.
Por Norberto Rubio