La publicación de los mensajes secretos sobre la avalancha migratoria de Ceuta ha colocado al Gobierno de Pedro Sánchez frente a una nueva tormenta política. La oposición sostiene que los documentos prueban que las autoridades fueron advertidas antes de que más de 70,000 personas atravesaran la frontera desde Marruecos y acusa ahora al Ejecutivo no solo de imprevisión, sino de haber mentido sobre lo que sabía.
El Partido Popular calificó las revelaciones de “mentira de Estado”, acusó al Gobierno de una “dejación de funciones manifiesta y dolosa” y reclamó elecciones. Vox fue todavía más lejos: quiere activar el artículo 102 de la Constitución para intentar exigir responsabilidad penal al presidente y su Gobierno por supuesta traición.
La controversia estalló después de que el Ejecutivo desclasificara 40 documentos sobre los acontecimientos del 30 y 31 de julio, la mayor entrada irregular registrada en Ceuta. Entre ellos aparecen comunicaciones que confirman que el Centro Nacional de Inteligencia conocía convocatorias para cruzar la frontera y transmitió esa información antes de la avalancha.
El dato políticamente más explosivo corresponde al 29 de julio. Un agente del CNI comunicó al jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta que en redes sociales circulaba un llamamiento para un “asalto por valla y mar” al día siguiente, aprovechando la Fiesta del Trono marroquí.
El mensaje precisaba que dos grupos reunían unos 180,000 seguidores. El CNI transmitió también información a la Guardia Civil y, significativamente, a los servicios de inteligencia de Marruecos.
La Moncloa sostiene que aquello no constituyó una alerta formal y que ningún informe permitió anticipar una operación de la magnitud que finalmente se produjo. El aviso describía una convocatoria, argumenta el Gobierno, pero no podía prever que decenas de miles de personas atravesarían la frontera.
La oposición rechaza esa distinción.
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, afirmó que los documentos demuestran oficialmente que Sánchez mintió y responsabilizó directamente al Gobierno de la crisis y de sus consecuencias. Los populares sostienen que existieron suficientes señales para reforzar preventivamente la frontera y cuestionan por qué las advertencias no llegaron hasta los máximos responsables políticos.
La presión se concentra también sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los diputados populares Miguel Tellado y Ana Vázquez lo acusaron este jueves de “negligencia dolosa y mala fe” y cuestionaron la actuación posterior de la Guardia Civil respecto del posible papel de Marruecos. Marlaska respondió rechazando las acusaciones y defendiendo la gestión gubernamental.
Los documentos añaden otra dimensión delicada: la actuación marroquí.
Por Norberto Rubio