Cien mil pesos. Eso fue lo que le pidieron a Juana Disla para que un abogado representara a su sobrino, Juan Pérez —seudónimo—, en una audiencia de medida de coerción. La familia no tenía cómo pagar esa cantidad.
El joven de 18 años enfrentaba un proceso penal y terminó en la cárcel de Najayo, luego de que le impusieran prisión preventiva. Sus familiares buscaron otro abogado para recurrir la decisión, pero los honorarios seguían fuera de su alcance.
Un abogado conocido de la familia les ofreció asumir el caso por 50,000 pesos, la mitad de lo que les habían pedido inicialmente. Tampoco pudieron reunirlos.
“Nosotros somos una familia de bajos recursos, no teníamos con qué cubrirlo y, bueno, estábamos prácticamente desesperados, no sabíamos qué íbamos a hacer”, relató Disla.
En medio de esa situación, alguien les recomendó acudir a la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), que ofrece asistencia legal gratuita a personas que no cuentan con un abogado.
Juana se trasladó a una oficina de la institución en Santo Domingo Oeste. Esperó su turno y explicó lo que ocurría con su sobrino.
Una defensora pública asumió el expediente y comenzó a estudiarlo. Explicó a la familia cuáles documentos necesitaban para solicitar la revisión de la medida de coerción y les advirtió que, sin ellos, sería difícil obtener una decisión favorable.
Entre 2021 y 2025, la Defensa Pública recibió 121,746 casos nuevos y registró 595,562 atenciones a usuarios, familiares y otras personas que acudieron en busca de información, orientación o asistencia, según estadísticas oficiales suministradas a Diario Libre.
Los expedientes ingresados pasaron de 20,768 en 2021 a 26,232 en 2025, un aumento del 26.3 %. En los primeros seis meses de 2026 se contabilizaron otros 12,498 casos.
La mayor cantidad de expedientes de 2025 se concentró en la oficina de la provincia Santo Domingo, con 2,829, seguida de Santiago, con 2,027, y el Distrito Nacional, con 1,809.
Por Norberto Rubio