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Santo Domingo

Derecho de autor dominicana y la condena a Wilfrido Vargas

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La reciente condena al merenguero Wilfrido Vargas y a su empresa Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., al pago de RD$14 millones a favor del músico Juan Valdez, por su participación creativa en “El baile del perrito”, ha vuelto a colocar el derecho de autor en el centro del debate nacional.

El fallo, dictado el 28 de octubre de 2026, constituye otro capítulo de las controversias que durante décadas han enfrentado a compositores, intérpretes, productores y empresarios de la industria musical dominicana.

Sin embargo, detrás de las disputas económicas existe una discusión de mayor alcance: el reconocimiento de la autoría, la protección de las creaciones intelectuales y la evolución de la justicia dominicana en la aplicación de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.

Los especialistas consultados coinciden en que el país ha avanzado en materia legislativa y judicial. No obstante, advierten que persisten dificultades relacionadas con el desconocimiento de la normativa, la interpretación de los tribunales y la documentación de las contribuciones creativas.

La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional determinó que Juan Valdez no participó únicamente como arreglista de “El baile del perrito”, sino también como coautor de parte de su letra y composición musical.

Para sustentar la decisión, la jueza Nidia Victoria Jorge Taveras examinó testimonios de músicos, grabaciones originalmente conservadas en un casete y posteriormente digitalizadas, así como referencias del libro autobiográfico “Me volviste loco, Wilfrido”, publicado por Vargas en 2018.

Entre los testimonios figuraron los de Ramón Orlando, Alejandro Martínez Rodríguez y Santiago Delgado Veloz. Orlando estimó que el aporte de Valdez representaba aproximadamente el 70 % de la obra, aunque el tribunal no estableció judicialmente ese porcentaje.

La indemnización comprende $12 millones por daños morales y RD$2 millones por daños patrimoniales, una suma inferior a los RD$100 millones reclamados inicialmente.

El tribunal también ordenó publicar el dispositivo de la sentencia en un periódico de circulación nacional.

La decisión corresponde a un tribunal de primer grado y puede ser recurrida. Hasta el 16 de noviembre de 2026 no se había informado públicamente sobre una eventual apelación.

Por Norberto Rubio

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