La inteligencia artificial (IA) ya no es solo una discusión tecnológica. Se está convirtiendo aceleradamente en un desafío económico, social, institucional y democrático. La cuestión de fondo es profundamente humana: ¿cómo evitar que esta transformación amplíe la desigualdad, la exclusión y la fragilidad social?
A escala global, el debate ya no gira en torno a si la IA transformará el mundo del trabajo, sino a la velocidad, profundidad y distribución de sus efectos. El cambio comienza a manifestarse en servicios administrativos, call centers, soporte digital y otras tareas repetitivas. Probablemente modificará primero tareas y funciones antes que empleos completos, pero sus efectos sobre los ingresos, la calidad del empleo y la demanda de nuevas competencias podrían sentirse mucho antes de lo esperado.
Para la República Dominicana, el desafío es particularmente relevante. La informalidad laboral promedió 54.1 % en 2025 y aproximadamente uno de cada cuatro jóvenes de 15 a 24 años está fuera del estudio, el empleo y la formación. Son vulnerabilidades críticas cuando el cambio tecnológico demandará mayores competencias, aprendizaje continuo y capacidad de adaptación.
Algunos segmentos de las zonas francas y, particularmente, los servicios de BPO y call centers merecen especial atención. Las actividades intensivas en tareas rutinarias podrían transformarse más rápidamente con la automatización. Paralelamente, emerge una economía digital con rasgos tecnofeudalistas: concentración del poder tecnológico, dominio de grandes plataformas, control de datos y algoritmos y apropiación desigual de las ganancias de productividad. El reto será avanzar hacia una competitividad sustentada en conocimiento, innovación y mayor valor agregado.
Esta transformación ofrece una ventana estratégica para fortalecer el capital humano y modernizar las capacidades institucionales. Pero esa ventana no permanecerá abierta indefinidamente. El desafío no será solamente adoptar nuevas tecnologías, sino desarrollar a tiempo la capacidad para gobernar sus efectos. La velocidad tecnológica podría superar la velocidad institucional.
En este contexto, las políticas sociales no podrán limitarse a mecanismos compensatorios frente a la pobreza. Sin abandonar su función esencial de protección y garantía de derechos, deberán articularse con el desarrollo productivo, la empleabilidad, la formación, la innovación y la adaptación económica. La política social del siglo XXI tendrá que ser protectora e inclusiva, pero también productiva, adaptativa y estratégica.
América Latina enfrenta esta transición con problemas estructurales de informalidad, baja productividad y brechas de capacidades. En ese escenario, la brecha digital adquiere importancia estratégica. Según la ONE, en 2022 apenas el 21.5 % de la población dominicana de 10 años y más contaba con conectividad significativa. Pero en la era de la IA, la brecha no se define solo por el acceso a internet, sino por la posibilidad de convertir la tecnología en aprendizaje, productividad y oportunidades. Conectividad significativa, competencias digitales y formación continua serán condiciones crecientes de inclusión económica y movilidad social.
Este cambio de época obliga también a repensar prospectivamente la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana (END-RD). La IA, la automatización, la economía de plataformas y la reorganización de la producción mundial están alterando los supuestos sobre empleo, productividad, educación, protección social y competitividad. El país necesita anticipar estas transformaciones y articular políticas sociales, educativas y productivas para desarrollar capital humano, fortalecer la institucionalidad e impulsar una economía de mayor productividad y valor agregado.
Ello exige una articulación más estrecha entre protección social, formación y empleo. La protección social deberá continuar garantizando ingresos y derechos frente a contingencias y vulnerabilidades, pero conectarse eficazmente con políticas de formación continua, reconversión de competencias, intermediación laboral y emprendimiento. Ante mercados de trabajo sometidos a cambios acelerados, deberá también acompañar las trayectorias hacia nuevas oportunidades de empleo y movilidad económica.
La propia IA puede fortalecer la capacidad institucional del Estado: mejorar la interoperabilidad, contribuir a una mejor focalización, anticipar riesgos sociales y fortalecer el monitoreo y la evaluación. Pero la tecnología no corrige por sí sola instituciones débiles; también puede amplificar sus fallas. Su utilización deberá acompañarse de transparencia, protección de datos, supervisión humana y rendición de cuentas, evitando sustituir la discrecionalidad pública por una nueva opacidad algorítmica.
Por Norberto Rubio