La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial adjudicó contratos a servidores públicos por más de 133.2 millones de pesos, en una irregularidad sobre la cual no queda claro qué medidas se tomaron para enmendar la situación o cuáles podrían ser las consecuencias.
De acuerdo con las últimas auditorías de la Contraloría General de la República a la institución, tres empleados del Estado fueron beneficiados en 2024 con contratos para la construcción y remodelación de obras, en inobservancia del régimen de prohibiciones establecido en la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones.
Por los tres acuerdos, la comisión autorizó pagar 133,233,565.44 pesos por los servicios prestados. El informe establece que la institución justificó las adjudicaciones argumentando que validó la vigencia del Registro de Proveedores del Estado, que remitió los contratos a la propia Contraloría para su registro previo y que no contaba con un oficial de cumplimiento que permitiera detectar que los proveedores eran empleados públicos.
La Contraloría rechazó estas explicaciones al determinar que tales circunstancias no eximen a la institución de la violación a la Ley 340-06, por lo que mantuvo el hallazgo en su informe final.
Aunque el órgano fiscalizador registra el caso como en proceso de subsanación, el informe no establece que se haya adoptado ninguna medida concreta al respecto.
Tanto la Ley de Función Pública (41-08) como la Ley de Contrataciones Públicas establecen prohibiciones para la contratación con el Estado aplicables a funcionarios y servidores públicos.
Los tres contratos adjudicados por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial abarcaron proyectos de infraestructura comunitaria, deportiva y cultural distribuidos en distintas provincias del país.
El de mayor cuantía correspondió a la reconstrucción del campo de béisbol Villa Cerro, en Higüey, provincia La Altagracia, otorgado a la empresa Seven Caves Chain S.A. mediante el contrato No. CO-0002500-2022, por un valor de 68,656,491.20 pesos. La principal accionista de la compañía, Ivonne Nicole Jacobo Trigo, figuraba como consejera en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Al consultar la nómina de agosto de la Cancillería, Jacobo Trigo devenga un salario mensual de 2,000 dólares como consejera.
La entidad contrató la construcción de las funerarias municipales de Canca la Reyna, en Moca, provincia Espaillat, y Monte Plata, mediante el contrato No. CO-0000120-2022, por un monto de 28,909,522.73 pesos.
Por Norberto Rubio