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Deuda y sostenibilidad fiscal

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EL INFORMANTE

Un concepto de sostenibilidad fiscal relaciona la habilidad del gobierno para mantener indefinidamente el mismo conjunto de políticas manteniendo la solvencia. Si una combinación particular de políticas fiscal y/o monetaria, mantenidas indefinidamente, llevan a la insolvencia, estas políticas serían catalogadas como insostenibles. Un rol del análisis de la sostenibilidad fiscal es proveer alguna indicación de si una combinación de políticas es sostenible o no. (…) Aun cuando un gobierno sea solvente y probablemente mantenga esa solvencia, su política fiscal pudiera ser muy costosa. Algunas veces, el análisis de sostenibilidad fiscal se refiere a los costos asociados con una particular combinación de políticas monetaria y fiscal.” Craig Burnside, Fiscal Sustainability in Theory and Practice, 2005.

La sostenibilidad fiscal es un tema muy serio para ser trivializado por el simplismo de las etiquetas políticas. Independientemente de las motivaciones que un economista pudiera tener para sostener una posición -los intereses están en todas partes-, lo importante es ponderar su argumentación. Esto es mucho más cierto cuando se trata de temas tan cruciales para la salud de la economía como las políticas fiscal y monetaria, las que, en su conjunto, pueden traducirse en crisis o prosperidad. Naturalmente, lo importante no es quedarse en el dato del presente, sino en tratar de anticipar las tendencias que unas determinadas políticas pudieran seguir en el mediano y largo plazo.

Bénassy-Quéré et al. (2014) plantean que “es fácil determinar cuándo un hogar o una empresa privada es insolvente, pero lo mismo no se aplica para un gobierno. A primera vista, la capacidad de un Estado para asegurar el servicio de su deuda pudiera aparecer como ilimitada, ya que tiene el poder de incrementar los impuestos…” . Sin embargo, los autores aclaran, que los límites políticos para pagar la deuda pueden aparecer antes de que realmente se agote la capacidad de pago. Esto significa que una sociedad pudiera ser renuente a nuevas cargas impositivas que mejorarían la capacidad de pago del gobierno, si entiende que no es legítimo solidarizarse con un gobierno que tolera la dilapidación de esos recursos impositivos. Además, la presión fiscal, en la práctica, no puede ser aumentada indefinidamente, por los costos que impone a las actividades productivas.

Básicamente, la sostenibilidad fiscal está asociada con el comportamiento de una deuda pública que puede ser evaluada mediante la construcción de diferentes indicadores; entre los que se encuentran -más frecuentemente- la relación entre deuda pública y Producto Interno Bruto (PIB), y la relación entre dicha deuda y los ingresos tributarios. Un tercer indicador -quizás, más relevante- es la relación entre el balance primario (ingresos fiscales menos gastos totales sin incluir el pago de interese), el pago de intereses y el crecimiento de la economía.

En cuanto al indicador deuda/PIB es clara la tendencia de crecimiento acelerado que ha experimentado desde el 2005. De hecho, la deuda del sector público no financiero con relación al PIB se ha duplicado en los últimos doce años. Al considerar toda la deuda del sector público, ya en estos momentos el cociente deuda/PIB supera el 50%. ¿Puede catalogarse como alarmista que la mayoría de los economistas vean en esta tendencia una fuente de gran preocupación? Es el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) que en sus reportes ha alertado insistentemente en la necesidad de revertir esa tendencia tan riesgosa para la economía dominicana, y que podría llevar la deuda a más de un 53% del PIB para el 2020.

Pero, se podría alegar que la relación deuda/PIB no es suficiente para concluir que la trayectoria de la deuda es insostenible; después de todo, muchos países tienen ese cociente muy superior al nuestro y no han quebrado; otros sí, como Puerto Rico que con una deuda superior al 70% del PIB ha caído en la insolvencia. El asunto es que se necesitan, adicionalmente, otros indicadores para concluir sobre la insostenibilidad fiscal que pudiera derivarse de una creciente deuda pública. Uno de esos indicadores es la capacidad de pago del gobierno, medida a través de la relación servicio de la deuda e ingresos tributarios. La evolución de este indicador nos muestra una historia similar a la del cociente deuda/PIB. En 2005 el servicio de la deuda representaba el 18% de los ingresos tributarios, mientras que para el 2016 ese porcentaje se había elevado hasta el 40%. Ese enorme incremento en los recursos tributarios dedicados al servicio de la deuda ocurrió muy a pesar de que durante ese mismo período los ingresos tributarios se multiplicaron por tres, insuficientes para compensar un servicio de la deuda que se multiplicó por seis.

Si con estos elementos no bastan para preocuparnos por la senda de insostenibilidad fiscal que sigue la deuda pudiéramos agregar un indicador más sofisticado que mide la relación entre el balance primario, el crecimiento económico y la tasa de interés de la deuda pública. Con una deuda que paga una tasa de interés efectiva en la frontera del 10%, un crecimiento económico nominal por debajo del 8% y un balance primario cercano a cero, la trayectoria de la deuda coloca a las finanzas públicas en una situación de insostenibilidad. En otras palabras, si la tasa de la deuda es mayor que el crecimiento de la economía, se debe generar un superávit primario suficientemente alto -que nos es el caso nuestro- para evitar la insostenibilidad fiscal.

Como se ha repetido tantas veces, las crisis no necesariamente estallan en manos de quienes las han generado, y la deuda ha sido el mecanismo ideal para posponer las necesarias reformas que darían a las finanzas públicas un contenido de responsabilidad intergeneracional. Mientras dure la fiesta no hay razones para la preocupación, el problema vendrá con la resaca.

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