Las delaciones premiadas son un camino expedito, ya sea para encontrar pruebas que eventualmente lleven a un juicio exitoso, o para asignar culpabilidad ipso facto.
En la teoría de juegos que se utiliza en distintas ciencias de la conducta humana para analizar estrategias en la toma de decisiones, se desarrolló un concepto llamado “dilema del prisionero”. Esto refiere a que, ante una situación de complicidad por un delito, dos personas capturadas enfrentan el siguiente dilema: ambas pueden negar haber cometido el delito, ambas pueden declarar haber cometido el delito, o una de las dos personas delata la otra. Las consecuencias serían diferentes en cada caso.
Si ambas personas niegan haber cometido el delito, dificultan la búsqueda de pruebas a los investigadores (fiscales, por ejemplo), y, por tanto, los cómplices tendrían mayor posibilidad de salir de un juicio sin condena o con una condena menor. Si ambos confiesan culpabilidad, aligeran el juicio y podrían recibir una pena reducida por haber cooperado. Si una persona delata la otra, el delator recibirá una recompensa de reducción de pena por la cooperación, mientras la otra persona recibirá una pena mayor. Las mismas situaciones pueden presentarse si hay más de dos personas involucradas en la complicidad.
Este dilema se hace más real cuando los cómplices de un hecho no han tenido la oportunidad de dilucidar sus estrategias en conjunto porque han sido capturados sin tiempo para comunicarse, o porque un delator decidió independientemente adelantarse, estimando que era su mejor estrategia para liberarse de una condena peor.
Dos casos de corrupción muy sonados en la República Dominicana en los últimos tiempos ilustran estas distintas estrategias.
En el caso Odebrecht, todos los encartados han decidido por decisión grupal o coincidencia de decisión individual, declarar su inocencia; es decir, ningún encartado ha delatado a otro, aunque Odebrecht declarara en Nueva York el pago de sobornos en la República Dominicana. Esta estrategia de los encartados ha sido una de las razones que ha dificultado la labor del Ministerio Público.
Todos los encartados en el caso Odebrecht apuestan a la no condena y enfilan sus cañones precisamente hacia el Ministerio Público o argumentan la politización del caso. Por su parte, aunque un gran segmento de la sociedad asume que hay culpables, y así quedará grabado en el imaginario político dominicano, es más difícil asignar culpabilidades sin delaciones.
En el caso Coral hay un delator público que hizo su confesión en una audiencia pública transmitida a toda la ciudadanía. Operando bajo el llamado dilema del prisionero, ese delator calculó que, para evitar una condena mayor, le era más beneficioso identificar culpables y describir cómo operaba el esquema de corrupción.
Sin duda, esa delación facilita el trabajo del Ministerio Público, y, además, ofrece a una ciudadanía ávida de narraciones, detalles sobre el entramado de corrupción en cuestión. Así, un posible villano busca convertirse en héroe.
En el caso Pulpo no hay un delator público como en el Coral, pero eso no descarta que la estrategia investigativa se base en utilizar un delator para facilitar el proceso de obtención de pruebas.
El Ministerio Público tiene un presupuesto y un personal limitado, en un país donde la corrupción es ancestral y sistémica, y también hay otros problemas. Por eso, las delaciones premiadas son un camino expedito, ya sea para encontrar pruebas que eventualmente lleven a un juicio exitoso, o para asignar culpabilidad ipso facto ante los ojos de la sociedad, independientemente del curso del juicio.
Lo que motiva la decisión del prisionero es el cálculo racional del beneficio individual. A veces se enmarca en el individualismo y delata, y a veces en la solidaridad con los cómplices en una mala acción y no inculpa