El Seguro Nacional de Salud (Senasa) es una empresa de 74 mil millones de pesos al año. Posee siete millones de afiliados y más de 12,000 prestadores de servicios de salud. Además, autoriza dos millones de servicios mensuales y registra ingresos por 6,000 millones de pesos al mes.
Por su dimensión, Senasa solo se compara con las tres empresas distribuidoras de electricidad juntas. La institución tiene más afiliados que el Ministerio de Educación, que cuenta con más de tres millones de estudiantes.
La estafa mediante la Operación Cobra asciende a un perjuicio económico de unos 16 mil millones de pesos. A esto se suma el desvío de más de 148 millones de pesos a través de patronatos y la captación de más de 41 millones en autorizaciones médicas fraudulentas.
El impacto trasciende las pérdidas económicas, pues los fraudes afectaron a una institución que atiende, en su mayoría, a una población de escasos recursos. Senasa apoderó al Equipo de Recuperación de Patrimonio para representarla en el ámbito civil, mientras que el Ministerio Público lleva acciones en nombre de la institución.
El director de la institución, Edward Guzmán, explica que, además del déficit, se detectó una amplia cartera de prestadores privados con códigos autorizados para atender a pacientes del régimen subsidiado. Esto llevó a la cancelación y retiro de más de 75 códigos.
También existían contratos de atención primaria y acuerdos prospectivos, consistentes en pagos fijos a determinados centros privados para atender a una cantidad de población, que tuvieron que ser desmontados.
“Estamos haciendo una modernización interna de todos los sistemas de información de la institución”, indica el director. “Aumentando la cantidad de auditores para que al darse un servicio sea verificable a la persona que lo necesitaba se le dio correctamente”.
También colocaron un sistema de prevención e integran inteligencia artificial para identificar patrones de posibles acciones fraudulentas. “Nos encaminamos a garantizar que la información de nuestros afiliados no sea utilizada de manera incorrecta, ni indebida. En [todos los] sistemas de seguridad social siempre hay un porcentaje fraudulento entre un 3 y 5 %. República Dominicana no escapa a eso”, advierte Guzmán.
La comisión técnica establecida por el presidente Luis Abinader y que coordina el economista Arismendy Díaz Santana tiene entre sus funciones revisar los procesos administrativos y financieros de Senasa. También objetar o dar la no objeción a proyectos de más de cinco millones de pesos mensuales que tengan carácter continuo.
Hasta ahora se produjeron tres solicitudes: una relacionada con los servicios de seguridad en las instalaciones; otra sobre un contrato marco entre el Servicio Nacional de Salud y el organismo para desarrollar la atención primaria; y una tercera, para la compra de un inmueble destinado a parqueo.
Por Norberto Rubio