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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- 20 años han sido insuficientes para la aprobación en República Dominicana de una Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, un proyecto que ha tenido un largo camino para su consentimiento y que resultará fundamental en los comicios venideros.
A pesar del reconocimiento e importancia otorgados por la sociedad civil, la política y la económica del país, este aborda dos puntos que tocan las puertas de los intereses del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus miembros: la celebración primarias simultáneas y el tipo de padrón que debe usarse para la elección de los candidatos de los partidos.
Aunque con avances significativos, la Ley se mantiene congelada a la espera de que queden resueltos dos obstáculos que parecen casi insorteable; una división que a su vez ha echado raíces en el Congreso Nacional.
Así lo afirmaba Arístides Victoria Yeb, presidente de la Comisión que estudia el proyecto de Ley de Partidos Políticos, a mediados de noviembre, quien admitía la responsabilidad que posee su partido en la falta de materialización de la ley, algo que el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, rechazó tan solo un día después de las declaraciones de Victoria Yeb, agregando que se trata de una responsabilidad que poseen todos los partidos.
El atasco sobre de los miembros del PLD empujó a la organización a contratar y poner en manos de siete juristas internacionales el debate sobre la legalidad de llevar a cabo procesos de primarias abiertas y si este sistema vulnera la Constitución de la República.
Pero el sistema de padrón abierto y simultáneo para las primarias, a entender de Freddy Ángel Castro, quebranta la Carta Magna.
Según el abogado y politólogo, los partidos son instituciones de derecho público, por lo que sería mandatorio respetar el principio constitucional que expresa la libre asociación con fines pacíficos de los miembros de una comunidad particular, por lo que solo sus miembros tienen derecho a elegir y ser elegido bajo un sistema de elección cerrado.
Castro explica que en el marco del sistema de partidos, la apertura del padrón desnaturalizaría las organizaciones políticas en República Dominicana, esto debido, en su opinión, a que un partido político con mayor preminencia en el poder, con más recursos, podrá incidir en las primarias, convenciones, directorios de otros partidos e imponer un candidato de su voluntad a lo interior de ese partido.
Agrega que la práctica de elegir candidatos a través de los miembros de un mismo partido reduce el clientelismo, además de que fomenta la transparencia, previsibilidad en el resultado y genera mayor seguridad.
Hasta agosto de este año, la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas había consensuado 73 artículos de 77.
En la región, la conveniencia sobre uso del sistema de padrón abierto y el cerrado sigue siendo objeto de discusión, regulando y legislando al respecto, incluso en los países de Latinoamérica más adelantados en esta materia, sin que hasta la fecha se haya podido crear un modelo óptimo.
Según el informe Análisis y perspectivas de las elecciones primarias en República Dominicana, realizado por Glennys Bautista Rivera y Vladimir Rozón, para el Observatorio Político Dominicano, establece que en gran parte de América Latina se han implementado distintos modelos de elección – 13 de 17 –, con la finalidad de hallar el más factible o que más se adecue a su ámbito electoral y por ende, arroje mejores resultados y mayor democratización en los procesos.
En Chile, uno de los países más desarrollado en el ámbito político en América Latina, el documento resalta que la selección de candidatos a través de los tiempos “se ha caracterizado por mecanismos de poca inclusión de la ciudadanía en general”, efectuándose convenciones y primarias internas para la selección de los candidatos. Sin embargo, en 1999 se realizaron por primera vez las primarias abiertas en las elecciones presidenciales.
En 2012, tras la aprobación de Ley de Internas Abiertas, se estableció la no obligatoriedad de primarias abiertas, otorgando así a los partidos la potestad de emplear la modalidad que fuera más conveniente en sus comicios.
Mas en el caso dominicano no se establecen disposiciones concernientes a este tema en la ley, sino, que la forma de elección se ha dejado a discreción de los partidos, con la única excepción la modificación realizada en 2004, la cual planteó la forma de elección de primarias abiertas y simultáneas.
No obstante, esta fue declarada inconstitucional y, en lo adelante continuó dejándose a discreción de cada partido.
En ese sentido, el informe establece que el marco regulatorio electoral dominicano no está apto, ni tampoco posee las condiciones necesarias para que se realicen unas elecciones internas abiertas y simultáneas, bajo la premisa de que la implementación de este sistema no arroje los mejores resultados, “llegando incluso a personificar un elemento de debilitamiento del sistema de partidos”.
Debido a esto, lo recomendable, según lo expuesto en el informe, sería realizar elecciones primarias cerradas, simultáneas y bajo la supervisión del organismo electoral, de cara al escenario político-electoral actual dominicano.
Freddy Ángel Castro coincide con el informe, al señalar que el sistema a emplear al seleccionar los candidatos para las elecciones debe efectuarse con el padrón de los partidos, en cualquiera de sus modalidades.
“Lo más conveniente sería mantener un sistema de elección cerrado – convención, primaria o directorio –. Lo conveniente es el padrón cerrado para todo el sistema de partido”.
Simultáneas o alternas
La realización de primarias o convenciones simultaneas, otro de los puntos que aborda la Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, se ha convertido en un tapón para la sanción del proyecto.
Tanto el informe redactado por Glennys Bautista Rivera y Vladimir Rozón como el experto en materia política, Freddy Ángel Castro, coinciden en señalar las ventajas de celebrar elecciones de forma simultánea, organizadas por los partidos deberían ser organizadas y supervisadas por la JCE, de forma que este organismo se convierta en un ente observador y fiscalizador de las primarias.
Empero, esta idea no es compatible con la opinión del organismo electoral, la cual, a través de su presidente Julio César Castaños Guzmán advirtió que de celebrarse primarias simultáneas en los 26 partidos, se incurriría en un gasto de cinco mil millones de pesos.
El miembro del Comité Político, Franklin Almeyda, denunció el domingo que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, realizó una cena el pasado miércoles 22, en la que participaron 25 senadores del PLD, con la finalidad de promover la reelección del presidente Danilo Medina a través de las primarias abiertas.
En ese momento, Castaños Guzmán explicó que incluso de organizarse primarias simultáneas para para los cuatro partidos mayoritarios, el costo alcanzaría los 2,800 millones de pesos, de acuerdo a un cálculo preliminar de la dirección de cómputos de la Junta.
A pesar de esto, el politólogo Freddy Ángel Castro señala que se puede realizar primarias simultáneas, diseñadas en el marco de la ley, para los partidos que reciben el financiamiento público del 80 % (PLD, PRM, PRD, PRSC), con supervisión de la JCE, dejando a los partidos que reciben el 20 % restante, que sus elecciones sean libres, aunque en el marco de un período establecido por ley.
Esto se debe a que, según el catedrático, sirve como garante de que solo los militantes de los partidos políticos al momento de realizarse la escogencia de los candidatos presidenciales y demás cargos electivos van a votar en esos partidos.
Además limita el riesgo de que el partido más influyente o en el poder, intervenga en otras organizaciones políticas.
La ley de la discordia
Sin embargo, la división dentro del partido en lo que se refiere a los puntos más controvertidos de la Ley copó los principales medios de comunicación, además de las redes sociales.
Entre ellos estuvieron el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quien defendió una Ley de Partidos que incluya primarias abiertas y simultáneas, lo que según el funcionario “traerá así +transparencia +participación y +institucionalidad a RD ¡Aprovechemos esta oportunidad”.
De su lado, Franklin Almeyda criticó los esfuerzos de aprobar la Ley con padrón abierto, lo que pondría a los partidos en riesgo de que se diluya quién vota y quién es elegido.
“Si otros van a votar para mí partido hacer propuestas electorales, no tienen sentido los partidos”.
El expresidente de la República, Rafael Alburquerque, también se pronunció sobre el proyecto y sus aspectos más ácidos, señalando que una ley de partidos políticos que confirme primarias abiertas y simultánea, las organizaciones no tendrían razón de ser.
Pero no fue lo único. El también miembro del Comité Político aseveró que la JCE enfrentaría serias dificultades al organizar dos elecciones generales en poco menos de un año, en caso de que los partidos estén obligados a escoger todos sus candidatos con el padrón universal y en un mismo día.
Mientras, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) propuso que la ley establezca primarias para las organizaciones que hayan obtenido más del 5 % de los votos válidos en las últimas elecciones sean dirigidas y organizadas por la Junta de forma simultáneas, con el padrón o lista de electores del organismo regulador.
En el ínterin, a poco menos de dos meses para concluir la Segunda Legislatura Ordinaria – agosto 2017 a enero 2018 –, la Ley de Partidos y Asociaciones Políticas se mantiene en vilo en el Senado de la República, mientras que el país se enfila a las elecciones del 2020, con plazos para la organización de los comicios que se agotarán con rapidez (las elecciones municipales están previstas para el 16 de febrero del 2020, y las presidenciales y congresuales se efectuarán el domingo 17 de mayo).
Desde ya, diversos juristas y miembros del quehacer político y económico han advertido sobre la posibilidad de que se agote el tiempo prudente para la aprobación de la Ley de Partidos y la realización de los comicios, bajo el régimen de la ordenanza.
En tal sentido, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) externó su preocupación, bajo el entendido de que ningún partido podrá ir a un proceso en el 2020, sin una ley adecuada.
“Ningún partido político está hoy en capacidad de organizar un proceso interno, ninguno. Esa es la realidad”.