El Seguro Nacional de Salud (Senasa) muestra avances en su recuperación en menos de un año, con una reducción del déficit acumulado, ajustes que generan ahorros y un aumento de su cartera de afiliados, según los resultados expuestos por su director, Edward Guzmán Padilla. La mejoría permite sostener la operación mientras la institución trabaja para reponer su fondo de respaldo.
Guzmán explicó que el déficit acumulado, de unos 15,000 millones de pesos al cierre de 2024, se redujo a alrededor de 13,500 millones. También aseguró que la crisis no ha provocado una pérdida neta de afiliados: aunque en enero salieron algunos afiliados voluntarios, otros ingresaron y, desde agosto del año pasado, la cartera total aumentó en 50,000 personas.
El proceso de recuperación combina ajustes administrativos, aumentos de la cápita y recursos adicionales. El Estado aportó 2,000 millones de pesos por encima de la cápita en 2024, mientras que Guzmán afirmó que en 2025 Senasa operó con su presupuesto ordinario y no necesitó otra transferencia extraordinaria.
En el régimen subsidiado, la cápita pasó de 259.43 pesos a 321.97. A su vez, la cápita diferenciada por edad y sexo aporta, según el director, unos 160 millones de pesos mensuales adicionales.
Como parte de las medidas para recuperar las finanzas, Senasa retiró más de 75 códigos de prestadores privados que, según Guzmán, atendían “de forma irregular” a afiliados del régimen subsidiado. También canceló contratos de atención primaria privada para dirigir esos recursos y pacientes a la red pública.
El director sostuvo que los afiliados subsidiados debían atenderse en hospitales públicos y que los centros privados debían utilizarse cuando la red pública no tuviera disponible un servicio de alta complejidad. Atribuyó a estos cambios y a la renegociación de precios de medicamentos oncológicos y materiales de osteosíntesis un ahorro de unos 500 millones de pesos al año.
La reorganización también tuvo consecuencias para algunos pacientes: el retiro de códigos les impidió realizarse en centros privados estudios que antes cubría el régimen subsidiado.
Una parte de los recursos para mantener la operación provino de 6,000 millones de pesos transferidos desde las reservas técnicas del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), dentro de un traslado de 12,500 millones aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
La transferencia desató cuestionamientos sobre la legalidad de usar recursos del Idoppril para cubrir el déficit de Senasa. Fuerza del Pueblo, a través de su secretario de Seguridad Social, Fernando Caamaño, alegó que la Resolución 619-08 violaba el artículo 21 de la Ley 397-19 y que el Gobierno pretendía usar fondos de los trabajadores para cubrir “fracasos financieros e irregularidades administrativas” de Senasa y Sisalril.
Pese a los avances, Senasa mantiene un déficit técnico de 13,400 millones de pesos, correspondiente al fondo de respaldo que debe mantener para cubrir las autorizaciones médicas. Como ese fondo no está completo, la institución acordó con los prestadores extender los plazos de pago de 30 días a entre 50 y 60.
Por Norberto Rubio