La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana respaldó ayer públicamente el cierre de una fábrica de cartón de capital chino en San Antonio de Guerra, al reproducir en su cuenta oficial de X un pronunciamiento del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, sobre las operaciones ilegales de la empresa y la necesidad de garantizar una competencia económica justa.
La misión diplomática, a través de su cuenta @EmbajadaUSAenRD, difundió en español el mensaje publicado originalmente en inglés por Segura en @WHAAsstSecty, con lo que dio mayor visibilidad local a la posición del Departamento de Estado estadounidense.
“Reconocemos a las autoridades de la República Dominicana por tomar medidas decisivas para clausurar una gran fábrica de cartón que operaba ilegalmente en Santo Domingo bajo administración china´´, expresó el funcionario.
Segura cuestionó las operaciones industriales sin los permisos correspondientes, el almacenamiento ilegal de combustible y la contratación irregular de trabajadores extranjeros, prácticas atribuidas a la empresa intervenida.
El mensaje concluyó con una advertencia sobre las condiciones que deben regir las relaciones comerciales: “Una verdadera alianza económica requiere transparencia, competencia justa y respeto al Estado de derecho”.
La reproducción del pronunciamiento por la Embajada estadounidense introduce una dimensión diplomática en las actuaciones de las autoridades dominicanas contra establecimientos comerciales e industriales vinculados a empresarios chinos.
Las inspecciones realizadas recientemente han revelado presuntas violaciones de normas laborales, migratorias y de seguridad, así como irregularidades relacionadas con permisos de operación y almacenamiento de combustibles.
Empresarios dominicanos, incluidos algunos que mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos, han expresado preocupación por las ventajas competitivas que obtienen establecimientos extranjeros cuando incumplen disposiciones legales que representan costos obligatorios para las empresas formalmente constituidas.
El caso de la fábrica de cartón plantea, además, interrogantes sobre la eficacia de la supervisión estatal. Una instalación industrial de esas dimensiones habría operado al margen de requisitos fundamentales sin que las instituciones competentes impidieran oportunamente sus actividades.
La intervención y el respaldo estadounidense colocan así el problema en un terreno que trasciende las infracciones particulares: la obligación del Estado dominicano de garantizar que todas las inversiones, independientemente de su procedencia, cumplan las mismas leyes y compitan en igualdad de condiciones.
Por Norberto Rubio