En numerosos barrios del Distrito Nacional, las calles y aceras parecen haber perdido su condición de espacios públicos para convertirse en territorios administrados por particulares. Conos, cadenas, neumáticos, piedras, vehículos abandonados y estacionamientos improvisados forman parte de un paisaje urbano donde frecuentemente prevalece la voluntad individual sobre las disposiciones legales.
Esta situación plantea una pregunta que merece respuesta de las autoridades: ¿hasta cuándo deberán los ciudadanos soportar la ocupación irregular de espacios destinados al tránsito y la convivencia?
El Ayuntamiento del Distrito Nacional, encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía, tiene responsabilidades expresamente establecidas en la Ley 176-07. Su artículo 19 atribuye competencias municipales sobre el ordenamiento del tránsito, la gestión del espacio público y la conservación de aceras y vías.
Por consiguiente, garantizar el uso adecuado de esos espacios no constituye una concesión graciosa de la administración municipal, sino una obligación institucional.
La Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, también establece prohibiciones específicas. Su artículo 237 impide estacionar sobre las aceras y regula otras situaciones que obstaculizan la circulación. Particularmente, el numeral 23 prohíbe estacionar a menos de un metro de las entradas y salidas de garajes, con determinadas condiciones y excepciones.
Sin embargo, debemos distinguir entre estacionar legalmente frente a una vivienda y bloquear una marquesina. El propietario de una residencia no adquiere derechos exclusivos sobre la calle por encontrarse delante de su inmueble. Tampoco puede apropiarse unilateralmente del estacionamiento público mediante obstáculos colocados sin autorización.
El problema adquiere mayor gravedad cuando estas prácticas afectan a personas envejecientes, ciudadanos con discapacidad, niños y peatones obligados a abandonar las aceras para caminar entre vehículos en movimiento.
En febrero de 2026, Diario Libre documentó la persistente ocupación de aceras en el Gran Santo Domingo por mercancías, mobiliarios comerciales y vehículos. Esta realidad evidencia que las disposiciones legales todavía enfrentan dificultades importantes para garantizar su cumplimiento.
Sería incorrecto afirmar que el Ayuntamiento permanece completamente inactivo. La propia institución informó que durante 2025 recuperó aproximadamente 35,000 metros lineales de espacios públicos. También se documentaron intervenciones en Arroyo Hondo y otros sectores durante 2026.
Reconocer esas actuaciones, sin embargo, no elimina las preguntas sobre su continuidad, distribución territorial y efectividad.
Por Norberto Rubio