*Nota del autor. Las cifras centrales de esta serie proceden de documentos oficiales dominicanos, organismos multilaterales y estudios identificados expresamente. Cada afirmación cuantitativa lleva su fuente, fecha, definición y condición de uso en un expediente disponible para cualquier periodista, legislador o lector que lo solicite. Cuando una cifra no ha resistido la verificación, se ha retirado o corregido por escrito. Y lo que aquí se afirma que el Estado no publica se comprobó por última vez en septiembre de 2026: se consigna la fecha porque una ausencia puede dejar de serlo y, si eso ocurre, se corrige igual.
Empiezo por lo que es justo.
Las pensiones especiales existen desde 1981 y las han otorgado todos los gobiernos. La Ley 379-81 creó el régimen, el presidente firma por decreto y no ha habido un solo período constitucional dominicano sin que se concedieran. Nada de lo que sigue es un invento de esta administración.
Lo que sigue es otra cosa: el tamaño que alcanzaron y el hecho de que nadie sabe quiénes son.
El renglón «Poder Ejecutivo» de la nómina de pensiones del Estado dominicano paga RD$10,915.19 millones al año a 28,880 personas.
Es el 21.27 % de la nómina de pensiones a cargo del Estado, la que administra la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, no la del sistema de capitalización individual, que es otro universo y no entra en esta cuenta.
Para ponerlo en perspectiva: las 60,602 pensiones solidarias que la ley sí regula —las de vejez y discapacidad para gente pobre— cuestan menos de la mitad, aunque atienden a más del doble de personas.
Divida usted: RD$31,494 al mes por beneficiario, en promedio, frente a los RD$6,000 de la pensión solidaria.
No estoy diciendo que ninguna de esas 28,880 pensiones sea ilegítima. Muchas seguramente son impecables. Estoy diciendo que no hay forma de saberlo, y esa es la columna.
No existe un padrón público de quiénes reciben esas pensiones.
Por Norberto Rubio