El territorio no es solo el lugar al que el Estado lleva respuestas: es también el lugar del que debe traer conocimiento. Convertir esas voces en mejores decisiones es, quizás, la verdadera prueba de que una institución funciona.
Llegué a Nagua para hablar del nuevo Código Penal y regresé pensando en algo bastante más amplio: la manera en que nuestras instituciones se relacionan con la ciudadanía. Durante buena parte de nuestra historia administrativa hemos construido un Estado preparado para hablar, informar, reglamentar y decidir. Mucho menos frecuente ha sido diseñarlo para escuchar. Y, sin embargo, mientras conversaba con ciudadanos, dirigentes comunitarios y representantes de instituciones, confirmé una idea que considero fundamental: el territorio no es solamente el lugar al que el Estado debe llevar respuestas; es también el lugar del que debe traer conocimiento.
Nagua fue la segunda parada de la Ruta por la Ciudadanía que iniciamos en Dajabón y que, cada lunes y viernes hasta diciembre, recorrerá las 32 provincias. La metodología fue concebida precisamente para evitar que el recorrido se convierta en una sucesión de conferencias. Hay contenidos comunes, facilitadores, situaciones prácticas, tarjetones pedagógicos, conversatorios, instituciones públicas, alcaldías, mesas comunitarias, juntas de vecinos y organizaciones sociales; además de transmisión por streaming, recursos digitales y continuidad formativa. Detrás de cada componente existe una misma pregunta: ¿cómo conseguimos que una ley técnicamente compleja pueda convertirse en conocimiento útil para una persona que necesita ejercer un derecho?
La respuesta comienza modificando la manera de enseñar. Nadie necesita convertirse en abogado para ejercer ciudadanía. Necesita comprender cuándo una situación puede afectar sus derechos, distinguir aquello que sabe de aquello sobre lo que necesita orientación y conocer qué puede hacer y ante quién acudir. Por eso no comenzamos pidiendo memorizar artículos y penas. Comenzamos por la vida: una amenaza, una posible estafa, una fotografía privada difundida sin consentimiento, un conflicto familiar, una situación que quizá constituya una infracción o quizá requiera más información antes de afirmarlo. Después llegamos a la norma. La secuencia —reconocer, proteger, conservar, orientarse y actuar— busca transformar información jurídica en capacidad ciudadana.
Hay una enseñanza democrática especialmente importante dentro de ese método: denunciar no equivale a condenar. Una sociedad de derechos tiene que ser capaz de proteger a quien puede haber sido víctima y, simultáneamente, preservar el debido proceso de quien ha sido señalado. Parece una precisión jurídica, pero es también una lección de ciudadanía. El Estado de derecho comienza precisamente cuando somos capaces de defender principios incluso frente a situaciones que despiertan emociones, indignación o temor.
Pero Nagua me confirmó que la educación ciudadana tampoco puede funcionar en una sola dirección. Si convocamos a una junta de vecinos, una mesa comunitaria, una alcaldía, una organización social o un ciudadano y utilizamos el encuentro únicamente para transmitirles lo que las instituciones ya saben, estaremos desaprovechando una extraordinaria fuente de conocimiento. Quien vive en una comunidad sabe qué problemas se repiten, qué institución responde, dónde aparece la confusión, qué procedimiento resulta incomprensible y cuántas puertas tiene que tocar una persona antes de encontrar una respuesta.
Las fotografías de la jornada capturaron algo de eso. En unas estoy conversando; en otra, escuchando atentamente a un ciudadano; en otra, el micrófono pasa a manos de una participante. Son escenas sencillas, pero contienen una concepción de institucionalidad que me interesa profundamente. Durante demasiado tiempo hemos asociado la autoridad pública con quien tiene el micrófono. Una democracia madura también debe saber cuándo entregar el micrófono. Escuchar no disminuye la autoridad de una institución. La obliga a confrontar lo que cree saber con la realidad y, por esa misma razón, puede hacerla mejor.
El Estado dominicano produce diariamente una enorme cantidad de información: expedientes, estadísticas, solicitudes, reclamaciones, estudios, indicadores y bases de datos. Todo eso es indispensable. Pero existe otra evidencia que difícilmente cabe completa en una hoja de cálculo: la experiencia del ciudadano cuando intenta relacionarse con sus instituciones. Cuánto espera. Cuántas puertas toca. Qué explicación recibe. Qué trámite no comprende. Dónde encuentra una solución y dónde abandona el intento. La experiencia ciudadana también es información pública, aunque todavía no siempre sepamos capturarla, procesarla y convertirla en decisiones.
Aquí aparece una distinción fundamental entre presencia territorial e institucionalidad territorial. Llegar a una provincia no es suficiente. Podemos organizar una actividad, llenar un salón, distribuir materiales, registrar participantes y regresar satisfechos con los indicadores. La pregunta difícil comienza después: ¿qué sabemos ahora que no sabíamos antes de llegar? ¿Qué capacidad quedó instalada? ¿Qué problema apareció repetidamente? ¿Qué institución necesita coordinarse mejor con otra? ¿Qué debemos explicar de manera diferente? Si después de visitar una provincia solamente podemos decir cuántas personas asistieron, habremos recorrido kilómetros, pero no necesariamente habremos recorrido el país.
Por eso quiero que cada territorio funcione también como una unidad de aprendizaje. Los tarjetones permiten que el conocimiento continúe circulando; las juntas de vecinos y las mesas comunitarias pueden multiplicarlo; las herramientas digitales amplían su alcance; la formación virtual permite continuidad; y los conversatorios deben producir preguntas, experiencias y patrones que puedan sistematizarse. El circuito estará verdaderamente completo cuando aquello que salió de las instituciones convertido en conocimiento pueda regresar a ellas convertido en evidencia.
Por Norberto Rubio