Por Reynaldo Peguero
En momentos dramáticos para la estabilidad política dominicana, Radhamés Gómez Pepín, histórico director del periódico El Nacional, asombró la opinión pública al titular en primera plana“Los dueños del país aumentan el transporte de nuevo”. Asimismo podrían rotularse hoy en los medios de comunicación impresos, las injustas tarifas que las empresas navieras de República Dominicana quieren imponer.
Entidades que se abrogan el derecho de aumentar a discreción los costos de sus servicios portuarios, y de carambola violan la Ley 1-12 que establece la Estrategia de Desarrollo que instituye una reforma portuaria integral. Asimismo, gestan una franca oposición al Plan de Logística y Transporte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
En un nuevo capítulo de su amplificada inequidad, la empresa Haina International Terminals pretende elevar unilateralmente, la mayoría de servicios portuarios realizados por el Puerto del río Haina. El sector productivo del Cibao, esforzado a pagarle a un grupo de empresarios del sector naviero intermediario, el negocio de modernizar las operaciones de este puerto para de esta manera imponerse en el mercado de puertos del Caribe.
De forma violatoria al espíritu del Decreto Presidencial 453-18 que declara el 2019 como “Año de la Innovación y Competitividad”, diversas empresas navieras han decidido aumentar un promedio del10% de los servicios portuarios de exportación. En este año 2019, dichas empresas pretenden que cada contenedor que se exporte, especialmente del sector de las empresas de zona franca, pague US$ 515 en vez de los ya injustos US$ 480.15 que se sufragaban en el año 2018.
En este año 2019 a partir del primero de febrero, los exportadores dominicanos tendrán que pagar por cada contenedor, US$ 34.85 más por servicios vía los puertos marítimos. Estos montos se multiplican por un total de 356,400 contenedores estimados canalizados por los puertos del sur que generan un monto anual de ingresos de US$183.5 millones. A esta labor intermediaria, se adicionan los abusivos cobros que realizan entidades como Despachos Portuarios Hispaniola (DPH) y Facilitadores de Despacho Atlántico (FDA), quienes además imponen “días libres de contenedores” en diversos puertos, generando ineficiencia y ralentización de la exportaciones.
La crítica situación ha sido presentada por la ADOZONA, la Asociación para el Desarrollo, y otras entidades empresariales del país, al director de la Autoridad Portuaria Dominicana, a la directora del Consejo Nacional de Zona Franca y al director general del Consejo Nacional de Competitividad, Víctor Gómez Casanova, Luisa Fernández y Rafael Paz, respectivamente. Son miles de empresas afectadas de las que dependen decenas de miles de empleos directos, cientos de miles de ocupaciones laborales indirectas y más de un millón de dominicanos.
Recomendamos que el señor Presidente de la República, Danilo Medina en coordinación con el Director de la APORDOM, revoque estas medidas tarifarias y que además inicie las gestiones para impulsar una auténtica reforma portuaria nacional cuyo eje de desarrollo debería ser, el relanzamiento estratégico de la capacidad portuaria de la costa norte.