Nueve meses después de los primeros arrestos, el Ministerio Público puso en marcha ayer la versión 2.0 del caso Senasa, con 28 nuevos apresamientos dirigidos contra quienes, según la acusación, constituían la parte operativa del supuesto entramado que habría defraudado a la ARS estatal Senasa por unos 15,000 millones de pesos.
En esta ocasión, los arrestos se concentraron en médicos, prestadores de servicios de salud y otras personas vinculadas al caso.
Los detenidos permanecieron durante el día en el segundo piso del edificio de la Procuraduría, donde fueron interrogados por un equipo de fiscales. En la tarde, tres personas, parientes de médicos apresados, fueron despachadas a sus casas.
Los que eran entrevistados, posteriormente eran conducidos por un ascensor hasta el sótano, donde les esperaba un autobús para trasladarlos a la cárcel del cuarto piso de la Fiscalía del Distrito Nacional, ubicada en Ciudad Nueva. El grupo fue llevado a la fiscalía a las 10: 58 de la noche y será regresado la mañana del sábado a la Procuraduría para seguir el interrogatorio.
Todavía los nombres de los 28 apresados no han sido revelados por el Ministerio Público. Sin embargo, en la orden de allanamiento figuran especialistas de ginecología y obstetricia, cirugía general, cardiología, gastroenterología y medicina interna.
Estos profesionales fueron apresados por un equipo compuesto por 45 fiscales y 200 agentes de la Policía. El Ministerio Público informó que les ocupó dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes.
En la sede de la Procuraduría, abogados y familiares subían y bajaban buscando información de los apresados. Algunos, como Pedro Botello, defensor de una de las detenidas, se quejó del trato a su clienta, a la que calificó como “chivo expiatorio” y que fue detenida por las “greñas” la madrugada del viernes.
Pacientes que hablaron fuera de récord con periodistas expresaron su indignación con las autoridades por la forma en que han tratado a sus allegados. Desde el apresamiento, el Ministerio Público tiene 48 horas para presentar solicitud de medida de coerción.
Entre las acciones descritas en el expediente figuran presuntos sobornos, doble facturación, cobros por servicios y medicamentos que no habrían sido suministrados, utilización de sellos médicos falsos y adulteración de estados financieros.
También aparecen programas especiales sin sustento jurídico, venta de medicamentos donados, autoasignación de salarios y viáticos, reembolsos fraudulentos por viajes y hoteles, así como el supuesto uso de habitaciones de un centro oncológico para realizar cirugías estéticas, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Por Norberto Rubio