El Ministerio Público presentó este lunes acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra 13 personas y cinco sociedades comerciales presuntamente vinculadas a una estructura que, según la investigación del órgano, se dedicaba a cometer estafas electrónicas contra víctimas en Estados Unidos y posteriormente lavar los recursos obtenidos.
La acusación fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago y establece que la organización habría perjudicado a 141 personas en Estados Unidos, con pérdidas estimadas en unos cinco millones de dólares.
Entre los acusados figuran Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez, José Ramón López Tavárez, conocido como William el Técnico, Luis Eduardo Méndez Ureña, Gipsy Pamela Castaños García, Ana Marleny Estévez Díaz, Justa Vélez Genao, Miguel José Rodríguez Grullón y Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo.
También fueron incluidas en la acusación las sociedades Inversiones Dolores Santana Inverdosa (Inverdosa), JLNG Terracell, Rodríguez Vásquez MK Comercial, INVERMEG y Qemert Pro Technology.
De acuerdo con el expediente, la organización operaba principalmente desde la zona norte de República Dominicana y mantenía conexiones con distintas ciudades de Estados Unidos.
El esquema utilizaba centros clandestinos de llamadas, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, sextorsión y falsas representaciones de autoridades o familiares para obtener dinero de las víctimas, especialmente personas de edad avanzada.
La investigación identifica cuatro etapas en el funcionamiento de la estructura:
Una vez obtenido el dinero, los recursos eran enviados hacia República Dominicana mediante transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas, intermediarios y terceros. Posteriormente, según el Ministerio Público, eran incorporados al sistema económico mediante empresas, bienes inmuebles, vehículos y otras operaciones.
La investigación financiera también identificó movimientos de entre 12 millones de pesos y más de 120 millones de pesos, además de registros financieros superiores a 134.8 millones de pesos y acreditaciones bancarias que superaron los 20 millones en períodos inferiores a un año.
El Ministerio Público sostiene que estos movimientos no guardaban relación con las actividades económicas ni con las fuentes lícitas de ingresos declaradas por los acusados.
Por Norberto Rubio