Por Reynaldo Peguero
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La calidad de una democracia no depende únicamente de elecciones libres. También descansa en la capacidad del Estado para actuar con imparcialidad, profesionalismo y autonomía frente a los intereses partidarios. En este orden, una de las reformas institucionales más debatidas en la administración pública contemporánea consiste en establecer que ministros, viceministros, directores generales y demás altos funcionarios del Poder Ejecutivo no ejerzan simultáneamente cargos directivos en el partido político que gobierna.
La propuesta no busca debilitar a los partidos. Procura fortalecer al Estado y proteger el interés general.
Desde una perspectiva histórica, Antonio Gramsci comprendió que los partidos son instrumentos esenciales para construir hegemonía política y dirección intelectual de la sociedad. Sin embargo, esa función corresponde al ámbito de la competencia política, mientras que la administración pública moderna exige instituciones capaces de servir con igualdad a todos los ciudadanos, independientemente de sus preferencias electorales.
El fundamento teórico más sólido de esta separación se encuentra en Max Weber. Su teoría de la burocracia racional-legal sostiene que el Estado debe organizarse mediante reglas impersonales, mérito profesional, estabilidad administrativa y neutralidad institucional. Para Weber, la legitimidad del Estado moderno descansa precisamente en diferenciar la autoridad pública de las lealtades personales o partidarias.
Décadas antes, Woodrow Wilson, 28 presidente de USA 🇺🇸 considerado uno de los fundadores de la administración pública moderna, planteó la necesidad de distinguir entre la política y la administración. Su conocida doctrina sobre la separación entre política y administración no pretendía eliminar la conducción política del gobierno, sino impedir que la gestión cotidiana del Estado quedara subordinada a intereses partidarios inmediatos.
Posteriormente, Dwight Waldo politólogo norteamericano, recordó que la administración pública nunca es completamente neutral porque siempre sirve a valores democráticos.
Sin embargo, insistió en que esos valores deben orientarse hacia el interés público y no hacia la preservación del poder de un partido político.
Guy Peters, profesor de ciencias políticas de la universidad de Pittsburgh uno de los principales especialistas contemporáneos en gobernanza pública, sostiene que las democracias con mejores niveles de desempeño institucional combinan liderazgo político con burocracias altamente profesionalizadas, protegidas frente a la captura partidaria y capaces de garantizar continuidad, estabilidad y eficiencia en las políticas públicas.
En igual dirección, la Comisión de Venecia ha destacado reiteradamente la importancia de preservar la neutralidad del Estado, evitar el uso partidista de los recursos públicos y garantizar igualdad de condiciones entre las organizaciones políticas durante los procesos democráticos. Estos principios han sido igualmente promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, mediante sus Recomendaciones sobre Integridad Pública, y por Naciones Unidas, a través de la Convención contra la Corrupción y diversos códigos internacionales de conducta para la función pública.
Las experiencias internacionales muestran distintos caminos hacia un mismo objetivo: proteger la institucionalidad estatal.
En el Reino Unido, aunque varios ministros mantienen militancia política, la tradición constitucional establece una separación muy estricta entre el gobierno y un servicio civil permanente, profesional e imparcial.
Alemania fortalece la neutralidad administrativa mediante un servicio público profesionalizado y rigurosas normas sobre conflictos de interés.
Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca sustentan sus elevados niveles de confianza institucional en administraciones públicas independientes, altamente técnicas y protegidas frente al uso partidario del aparato estatal.
Canadá, Nueva Zelanda y Singapur han consolidado burocracias donde el mérito profesional, la evaluación objetiva y la ética pública prevalecen sobre la militancia política durante el ejercicio de la función administrativa.
América Latina también ofrece importantes lecciones. En Chile, el Sistema de Alta Dirección Pública ha reducido significativamente la influencia partidaria en numerosos cargos directivos mediante concursos públicos, evaluación de desempeño y profesionalización de la gestión estatal.
Uruguay mantiene una de las administraciones públicas más estables y profesionalizadas de la región, apoyada en una sólida carrera administrativa y una cultura institucional que privilegia la continuidad del Estado por encima de los cambios de gobierno.
Costa Rica ha desarrollado un régimen de servicio civil ampliamente reconocido por su estabilidad, mérito y relativa independencia frente a las alternancias políticas, contribuyendo a consolidar altos niveles de confianza institucional.
En Brasil, aunque muchos ministros ocupan posiciones políticas relevantes, la legislación electoral y las normas sobre incompatibilidades obligan a numerosos funcionarios a separarse temporalmente de determinados cargos para competir electoralmente, buscando evitar ventajas derivadas del ejercicio del poder público.
México, por su parte, ha fortalecido durante las últimas décadas normas de responsabilidades administrativas, transparencia y prevención de conflictos de interés dirigidas a reforzar la imparcialidad de la función pública.
Ninguno de estos modelos constituye una copia perfecta ni establece exactamente las mismas prohibiciones. Sin embargo, todos avanzan hacia un principio común: cuanto mayor sea la separación entre la dirección administrativa del Estado y la dirección orgánica de los partidos, mayor será la credibilidad de las instituciones públicas.
La evidencia comparada demuestra que las democracias con mejores indicadores de gobernanza comparten varios principios esenciales:
i) Separación Estado-Partido; ii) Profesionalización y mérito; iii) Neutralidad administrativa; iv) Control conflictos intereses; v) Transparencia y cuentas claras; protección de la carrera administrativa vi) Igualdad para competencia política.
En tal virtud, República Dominicana podría impulsar una reforma institucional mediante una ley de incompatibilidades para altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Dicha normativa podría establecer que ministros, viceministros, directores generales, administradores y presidentes de entidades públicas suspendan temporalmente cualquier cargo directivo dentro del partido gobernante mientras permanezcan en funciones.
Esta medida no limitaría sus derechos políticos ni su militancia. Únicamente impediría el ejercicio simultáneo de responsabilidades ejecutivas en el Estado y funciones de conducción partidaria, reduciendo potenciales conflictos de interés y fortaleciendo la confianza ciudadana.
Las democracias más sólidas no eliminan los partidos; los fortalecen. Pero, al mismo tiempo, protegen la autonomía del Estado para que gobierne en nombre de toda la nación y no únicamente de quienes ganaron las elecciones.
En una República Dominicana que aspira a consolidar instituciones modernas, transparentes y profesionales, la separación entre la alta función pública y la dirección orgánica del partido gobernante representa una reforma coherente con los principios de la buena gobernanza, el Estado de derecho y la excelencia administrativa promovidos por la mejor doctrina internacional. Sin embargo, muchos dirían mejor que lo hagan los adversarios cuando lleguen al poder y otros, nosotros haremos la propuesta para que se ejecute en el próximo periodo de gobierno. Sea de una forma u otra es una tarea históricamente pendiente.