*Nota del autor. Las cifras centrales de esta serie proceden de documentos oficiales dominicanos, organismos multilaterales y estudios identificados expresamente. Cada afirmación cuantitativa lleva su fuente, fecha, definición y condición de uso en un expediente disponible para cualquier periodista, legislador o lector que lo solicite. Cuando una cifra no ha resistido la verificación, se ha retirado o corregido por escrito. Y lo que aquí se afirma que el Estado no publica se comprobó por última vez en septiembre de 2026: se consigna la fecha porque una ausencia puede dejar de serlo y, si eso ocurre, se corrige igual.
Hay una forma de que el Estado dominicano construya, contrate y cobre peajes fuera de la estructura presupuestaria ordinaria de cualquier institución: el fideicomiso público. No es ilegal ni es nuevo. El Estado aporta bienes o ingresos, una fiduciaria los administra, y ese patrimonio separado contrata por su cuenta. Parte de sus transferencias, garantías y préstamos sí aparece en otras cuentas del Estado, pero la operación se presenta aparte. Hoy es el instrumento por donde pasa buena parte de la obra pública.
El Fideicomiso RD Vial, que administra los peajes, cerró 2024 con RD$67,076.5 millones de deuda —RD$23,315.3 bancarios y RD$43,761.2 en bonos— y en diciembre de 2024 su plazo se extendió hasta 2060.
El FITRAM cerró 2025 con RD$66,578 millones en activos y apenas RD$3,520 millones en pasivos. Y esos estados no están auditados: lo dice su propio encabezado.
Léalo dos veces. Solo en anticipos a contratistas ese fideicomiso tiene RD$18,285 millones —RD$12,285 millones de ellos, para Alstom— y otros RD$42,274 millones en obras en proceso, reunidos en una sola línea y sin desglose por proyecto. Pero el contrato que la propia Alstom anunció por quinientos millones de euros no aparece en el balance: no hay nota de compromisos ni una sola cifra en euros en todo el documento.
Y la deuda de esas obras tampoco está: son préstamos soberanos —BNP Paribas y Citibank, el BID, la Agencia Francesa de Desarrollo, el BCIE— que pesan sobre el Estado, no sobre el vehículo que construye.
El FITRAM publica siete proyectos en su portal. De cada uno da los kilómetros, las estaciones, las cabinas y los pasajeros por hora. De ninguno da el precio.
Y fui a ver si la ley los trata distinto. No los trata distinto, y los administra la misma fiduciaria.
Fiduciaria Reservas administra los dos, y los dos contratos constitutivos —RD Vial en 2013, FITRAM en 2021— ordenan contratar un Auditor Externo Independiente y que el comité técnico apruebe estados auditados. La Ley 28-23 va más lejos: su artículo 21 tipifica como infracción muy grave no publicar los estados auditados.
RD Vial los publica, firmados por KPMG. No por virtud: porque tiene RD$43,761 millones en bonos y está inscrito en el Registro del Mercado de Valores. A él se lo cobran sus bonistas y la Superintendencia del Mercado de Valores. Al FITRAM no se lo cobra nadie.
Por Norberto Rubio