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Santo Domingo

Gobierno busca suspender una regla fiscal

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El Gobierno dominicano procura dejar temporalmente sin efecto uno de los principales mecanismos que estableció para contener el gasto público, después de que, según cálculos de la oposición, sobrepasara desde julio los límites de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal. Ahora solicita al Congreso suspender la regla hasta diciembre, mientras eleva en casi un 30 % el déficit previsto para 2026.

La iniciativa plantea una controversia que trasciende el aumento presupuestario: el Poder Ejecutivo busca apartarse de una restricción legal que promovió hace apenas dos años, cuando ya se habrían producido las desviaciones que pretende autorizar.

Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, defendió ayer la suspensión ante diputados que estudian la segunda modificación presupuestaria anual. “La regla tiene que ser flexible”, afirmó, invocando la crisis internacional. Consideró irrazonable contraer el gasto cuando el Estado necesita amortiguar los efectos de la crisis sobre la población.

La norma limita el crecimiento del gasto primario a la inflación promedio proyectada más tres puntos porcentuales, equivalente al 3 % real anual. “Luego hay que retornar al cumplimiento de la regla gradualmente en tres años”, explicó. Anunció que Hacienda enviará un plan para retornar al cumplimiento.

Haivanjoe Ng Cortiñas, secretario económico de la Fuerza del Pueblo, calcula un crecimiento del gasto primario del 13.3 %, frente al máximo nominal del 7 al 8 %, y una desviación de 65,500 millones a 78,000 millones de pesos. Afirma que el límite fue excedido en la reformulación de julio.

El vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, José David Báez, cuestionó que se pidan más gastos, financiamiento y déficit mientras se suspende su contención. Los cálculos opositores corresponden al gasto autorizado. Determinar cuánto se ejecutó requiere contrastarlo con la ejecución y la metodología oficial.

La Ley 35-24, promulgada en agosto de 2024, establece que el gasto primario no puede crecer por encima de la inflación promedio proyectada más tres puntos porcentuales.

Su artículo 8 permite suspender temporalmente esa restricción mediante decreto del Poder Ejecutivo, pero únicamente bajo dos supuestos.

El primero comprende desastres naturales, epidemias, guerras u otros acontecimientos similares que perturben gravemente al país, vinculados al procedimiento constitucional de declaratoria de estado de excepción y con gastos superiores al 0.3 % del PIB.

El segundo contempla una recesión económica, definida por un crecimiento real negativo o una proyección inferior al 1 %.

Por Norberto Rubio

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