A pesar de los esfuerzos realizados durante décadas por los gobiernos, los organismos internacionales y la sociedad civil, el hambre continúa siendo uno de los problemas más persistentes de la humanidad. Millones de personas carecen de los alimentos necesarios para llevar una vida saludable, mientras que otros sectores de la población, incluso en países con suficiente producción agrícola, no pueden adquirir una dieta adecuada debido a sus bajos ingresos y al elevado costo de la vida.
En este contexto, la República Dominicana acaba de alcanzar un hito importante. En julio de 2026, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) confirmó que el país redujo la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %, umbral internacional utilizado para determinar la salida del Mapa del Hambre. Este reconocimiento constituye un avance significativo y merece ser celebrado, pero también exige una reflexión sobre la sostenibilidad de los resultados y las tareas pendientes para garantizar que todos los dominicanos puedan alimentarse dignamente.
La distinción no debe interpretarse como la desaparición absoluta del hambre ni como una certificación de que todos los hogares disponen de una alimentación suficiente, variada y nutritiva. La subalimentación es un indicador estadístico específico, mientras que la inseguridad alimentaria también comprende las dificultades para adquirir alimentos saludables, la reducción de las porciones, la omisión de comidas y el deterioro de la calidad nutricional de la dieta. Por eso, el éxito debe medirse tanto por los avances nacionales como por la situación de los hogares más vulnerables.
En el año 2000, la comunidad internacional adoptó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuya vigencia se extendió hasta 2015. Su primer objetivo consistía en erradicar la pobreza extrema y el hambre. Entre sus metas figuraba reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecían hambre y de aquellas cuyos ingresos eran inferiores a un dólar diario, según los parámetros internacionales utilizados en aquel momento.
La República Dominicana participó en este compromiso internacional y logró avances en diversas áreas del desarrollo humano. Sin embargo, los resultados no fueron uniformes. La reducción de la pobreza y la ampliación de los servicios sociales no eliminaron todas las desigualdades, ni garantizaron que cada familia pudiera adquirir regularmente una canasta alimentaria suficiente. La experiencia dejó una lección fundamental: el crecimiento económico, aunque necesario, no se traduce automáticamente en una reducción proporcional del hambre.
En septiembre de 2015, los ODM dieron paso a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una agenda más amplia que compromete a los países hasta 2030. El segundo objetivo, denominado Hambre Cero, plantea poner fin al hambre, garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. A diferencia del enfoque anterior, incorpora expresamente la productividad de los pequeños productores, la resiliencia de los sistemas alimentarios y la necesidad de conservar los recursos naturales.
Para la República Dominicana, la transición entre ambas agendas supone pasar de reducir la prevalencia del hambre a construir un sistema alimentario que garantice disponibilidad, acceso económico, calidad nutricional y estabilidad a largo plazo. No basta con producir más alimentos: es indispensable que estos lleguen a precios razonables a los hogares, que los agricultores reciban una remuneración justa y que la producción pueda mantenerse frente a sequías, inundaciones, plagas y perturbaciones internacionales.
La producción agropecuaria constituye una actividad estratégica para la economía nacional. Además de generar empleos rurales, suministra materias primas a la industria alimentaria, abastece los mercados locales, contribuye a la estabilidad de los precios y genera divisas mediante las exportaciones.
Según el Ministerio de Agricultura, el sector agropecuario registró un crecimiento real de 4.9 % en 2024, mientras que la actividad agrícola avanzó 4.1 %. En términos nominales, el valor agregado agropecuario alcanzó aproximadamente RD$329,723.5 millones, equivalentes a alrededor del 4.5 % del producto interno bruto (PIB) nacional. Estas cifras muestran que su importancia no se limita a su participación directa en el producto: también influye sobre el empleo, el comercio, la industria y el costo de la alimentación.
Cuadro 1. Evolución del PIB agropecuario dominicano, 2020-2024
Por Norberto Rubio