Los abogados Carlos Balcácer y Manuel Sierra Pérez son parte de un grupo de siete penalistas que denuncian las recurrentes muertes de personas en el país a manos de agentes policiales bajo el discurso de intercambio de disparos o muertes en acción legal, que hasta el momento llegan a no menos de 117 desde el mes de septiembre. En su cruzada sostienen que existe un “silencio sepulcral” en el Ministerio Público frente a las muertes de ciudadanos durante supuestos intercambios de disparos con la Policía Nacional y cuestionan que el Estado esté recurriendo a la fuerza policial sin resolver las deficiencias de la persecución penal.
Los abogados han hecho varias solicitudes al Ministerio Público y se han encontrado con una pared. “Al día de hoy, esa solicitud de varias diligencias no ha tenido respuesta de la Procuraduría General de la República. Un silencio sepulcral”, afirma Sierra Pérez.
Los juristas reconocen que las muertes en intercambios de disparos son problemas más amplios del sistema de justicia, que empieza con el fracaso de la reforma policial, la escasez de fiscales, la insuficiencia de tribunales, las dificultades para procesar a los infractores y la desconfianza de una parte de la población en las instituciones. Sin embargo, eso no las justifica. Balcácer sostiene que las autoridades deben asumir las responsabilidades que les corresponden en la persecución de los delitos, en lugar de presentar la muerte de personas buscadas por la justicia como una respuesta a la inseguridad.
“Fracasó el Estado. Y como el Estado no tiene respuesta frente a la población, ha decidido elegir una limpieza humana”, expresa el abogado durante su participación en el segmento Diálogo Libre de este periódico.
Balcácer fue cuestionado sobre la reacción de ciudadanos que manifiestan alivio cuando la Policía mata a una persona señalada como responsable de robos, asaltos u otros delitos. Advierte que aceptar las muertes como solución a la delincuencia puede tener consecuencias para toda la sociedad. “Porque con la actitud que está teniendo ahora mismo la Policía bajo la dirección de su director general se crea en el inconsciente colectivo de la autoridad una licencia de hacer lo que yo quiera”, advierte.
El abogado plantea que la falta de atención a las denuncias de las víctimas contribuye a esa situación. “Si la Policía no atiende el reclamo de la persona ofendida, de la víctima, obviamente es la misma falta de la Policía en no tramitar el asunto a los departamentos investigativos o el mismo Ministerio Público”, explica.
A su juicio, la respuesta debe consistir en investigar los delitos, detener a los responsables y presentarlos ante los tribunales. “El tema no es matar al infractor”, afirma.
Balcácer sostiene que la delincuencia no puede desaparecer mediante la eliminación física de quienes cometen delitos, sino que corresponde al Estado establecer mecanismos para controlarla y prevenirla.
El abogado también relaciona las dificultades para perseguir la delincuencia con la falta de recursos del sistema judicial: “Hay pocos fiscales. Es lo primero. Yo quiero ir a la génesis”.
Balcácer señala que la cantidad de representantes del Ministerio Público resulta insuficiente frente al volumen de denuncias que reciben las fiscalías. Describe las dificultades para tramitar expedientes de estafa, abuso de confianza, falsificación, violencia y otros delitos que deben ser investigados antes de presentarse ante un tribunal.
Por Norberto Rubio
