Cuanto más extenso es el territorio bajo su control, mayor es la población que las bandas pueden explotar y, por tanto, más elevados son sus ingresos. Esta dinámica alimenta un ciclo en el que la búsqueda de recursos económicos por parte de los grupos armados de Haití contribuye a perpetuar la violencia.
Así lo detalla el informe provisional presentado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 3 de septiembre del 2026, en el que se identifican las principales fuentes de financiamiento de esas organizaciones delictivas.
De acuerdo con el documento, que recopila datos desde octubre de 2025 a julio de 2026, el aumento de los secuestros a cambio de rescates es más pronunciado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en el departamento del Oeste y en el departamento de Artibonito.
El informe señala que, por temor a represalias o a que sus seres queridos sufran daños mientras permanecen cautivos, las familias optan por negociar directamente con las bandas en lugar de denunciar los secuestros ante la Policía.
Los montos exigidos por los rescates varían de un caso a otro. Durante el período analizado por la ONU, en una ocasión se reclamó un pago de 1.5 millones de dólares.
El documento indica que el rescate más elevado efectivamente pagado ascendió a 153,000 dólares. Mientras que los montos que suelen entregarse oscilan entre los 5,000 y los 25,000 dólares.
Entre las organizaciones con mayor incidencia en los secuestros figuran 5 Segond, liderada por Johnson André; 400 Mawozo, encabezada por Joseph Wilson, y Kraze Barye, dirigida por Vitelhomme Innocent. Las tres forman parte de la alianza Viv Ansanm.
El documento también precisa que, de los 143 casos registrados en Haití durante enero y febrero, 109 ocurrieron en el departamento del Oeste. De estos, el 50 % tuvo lugar en el municipio de Delmas, mientras que en el departamento de Artibonito se contabilizaron 29 casos.
Además, advierte que las bandas emplean diversas estrategias para perpetrar los secuestros, lo que representa un desafío para la Célula Antisecuestros de la Policía Nacional de Haití.
A estas dificultades se suman la falta de dispositivos para rastrear teléfonos y vehículos utilizados en la localización de las víctimas, así como la insuficiencia de negociadores cualificados.
Por Norberto Rubio