El sistema de justicia dominicano ha registrado avances en su capacidad para resolver casos, reducir mora y digitalizar procesos, pero estas mejoras todavía no se traducen necesariamente en un acceso efectivo y equitativo para todas las personas, de acuerdo con el Informe de Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana 2026, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que fue presentado la tarde de este martes.
El estudio, titulado Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible, plantea que la eficiencia institucional constituye una condición necesaria para mejorar el acceso a la justicia, pero no es suficiente por sí sola.
El documento fue presentado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), actividad a la que asistió el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos; y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán.
Durante la presentación, la representante residente del PNUD en República Dominicana, Ana María Díaz, destacó los avances registrados por el sistema judicial y llamó a continuar trabajando para que se traduzcan en un acceso efectivo y equitativo.
“Los datos muestran una justicia que avanza: hoy el sistema alcanza una capacidad resolutiva promedio de 94,9 %, se han firmado digitalmente más de tres millones de documentos y aproximadamente el 66 % de los trámites se procesa de manera electrónica”, señaló Díaz, según la nota de prensa difundida por el PNUD.
La representante residente agregó que el desafío consiste en consolidar estos avances para que sus resultados lleguen a todas las personas y territorios.
El informe registra un crecimiento importante en el volumen de asuntos resueltos por el Poder Judicial. Entre 2021 y 2025, los casos resueltos pasaron de 452,869 a más de 1.1 millones.
Durante ese mismo período, la entrada de casos también aumentó, de 498,722 en 2021 a más de 1.1 millones en 2025. El PNUD señala que esta dinámica refleja una mayor capacidad de respuesta, pero también una presión estructural sostenida sobre el sistema.
La tasa de resolución de los asuntos judiciales pasó de 90.8 % en 2021 a 98.4 % en 2025, según los datos analizados por el PNUD. El organismo advierte, sin embargo, que una mayor cantidad de casos resueltos o una mejor tasa de resolución no equivalen por sí mismos a un acceso efectivo a la justicia.
Los indicadores de productividad permiten medir la capacidad operativa del sistema, pero no reflejan por completo aspectos como la calidad de las decisiones, la comprensión del proceso, el trato recibido, la satisfacción de los usuarios o la distribución territorial de los beneficios de la mejora institucional.
Por Norberto Rubio