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La inclusión social es un derecho de familia que comienza en casa

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Por Emilia Santos Frias

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La familia ha cambiado en su estructura, ya se visualiza más allá del punto de vista sanguíneo. Por eso y otras tantas razones, es preciso que nuestro país como otros, se adecuen a esos cambios,  a nivel de normativas, para que ella sea más inclusiva e integral, en interés de que sus integrantes participen en igualdad en todo el desarrollo social.

Inclusión es participación, oportunidad, posibilita de que los grupos vulnerables (personas en situación de pobreza: niños, niñas, adolescentes, envejecientes, mujeres de escasos recursos económicos; personas con capacidades distintas, entre otros) participen plenamente en la vida social de una nación. Es en ese sentido, teniendo en cuenta que la familia es el espacio idóneo para la difusión de la cultura, que la Convención sobre los Derechos de la Infancia, indica que el niño y la niña, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión…”.

Ese mandato nos lleva a lo aprendido en las aulas, durante la niñez: la familia es la célula vital de la sociedad. Sin embargo, esta asociación es más que eso. La familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad. En ella, sus integrantes tienen derecho a recibir protección de ésta y del Estado.

Esto es así porque “para que una persona pueda desenvolverse adecuadamente en la sociedad, es necesario que primero sea incluido en un proyecto familiar” (Moreno, 2010).

Desde el momento en que un nuevo integrante forma parte de la familia, es necesario tomar conciencia de que es un ser humano en constante cambio y que con sus características y capacidades personales debe aprender a desenvolverse en el mundo; aportar a la sociedad y desarrollarse como una persona autónoma, con capacidad de decisión y sujeto de derechos y deberes.

La inclusión comienza en casa

La familia es la primera escuela, donde se aprenden valores, creencias, actitudes y tradiciones culturales. Es un marco determinante para el crecimiento, realización, salud, equilibrio y plenitud afectiva de todos sus miembros. Por tanto, la participación familiar permite contribuir a superar prejuicios; promover y respetar  derechos de las personas desde la niñez y ser más tolerantes con las diferencias. Un elemento esencial para el logro del desarrollo integral de los seres humanos.

¡La diferencia la podemos hacer nosotros, evitando generar desigualdades, tanto de apariencias, raciales o por orientación sexual!, fomentando así la inclusión educativa desde la inclusión social en el hogar.  Esto se logra buscando formar mejores personas a través de la educación que les entreguemos; enseñándoles a valorar la diversidad, así como a ejercer su ciudadanía.

La Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, en su Principio V, consagra el  interés superior del niño, niña y protección de las y los adolescentes. Mientras la ley de leyes: la Constitución, en su artículo 56 platea la “protección a las personas menores de edad (la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente…).

De igual forma, la Carta Magna consagra los derechos fundamentales desde el articulo 37 hasta el 67, y lista dentro de ellos,  los derechos de la familia, la protección a los menores de edad, las personas envejecientes y con discapacidad; educación de sus integrantes, un nivel de vida que les asegure salud y bienestar, alimentación, vestido, vivienda…

Mientras,  el artículo 39  se refiere a la igualdad: “El Estado debe promover las condiciones para la igualdad real y efectiva”. Este valor y derecho también fue concebido en la  Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo I.

Entre otros derechos en los que se sostiene la inclusión social están, la libertad y seguridad personal; la integridad, el libre desarrollo de la personalidad;  la intimidad y el honor. De igual forma, la libertad de conciencia y culto, libertad de reunión, de expresión y difusión del pensamiento y la seguridad alimenticia.

Es preciso señalar que una familia inclusiva es la que revisa las creencias y mitos que van construyendo con sus actitudes, quienes la integran. La que establece normas y límites, ya que crecer implica aceptar que durante toda nuestra vida tenemos que enfrentarnos con lo que necesitamos y no tenemos, siendo esas carencias el motor para el esfuerzo y la búsqueda.

Es en esa familia que sus miembros se apoyan, crean redes para asegurar el desarrollo de capacidades; incremento de la autonomía, participación en la vida social y el alcance de metas personales. Porque los apoyos construyen solidaridad. Por tanto, garantiza la participación activa de sus  integrantes, respetando la postura y opinión de cada uno.

El derecho de familia nos enseña hoy, que toda persona tiene derecho a construir una familia, pero en su formación y desarrollo, la mujer y el hombre deben gozar de iguales derechos y deberes, comprensión mutua y respeto reciproco. Oportunidades para participar completamente en la vida social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar normal. Eso es inclusión social!

En nuestro país tenemos muchas leyes, pero debemos ser más rigurosos en aplicación. Asimismo, existen instituciones que contribuyen a la creación de políticas sociales para afianzar la inclusión social. Además,  a la protección de los derechos sociales, como el bienestar, igualdad, justicia  legalidad  u orden.  Entre ellas: El Defensor del Pueblo, Consejo Nacional de Envejecientes, Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, Ministerio de la Mujer, Consejo Nacional para la Niñez, entre otras. Sin embargo, es preciso cumplir el mandato del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes: la familia es responsable de asegurar el ejercicio, disfrute pleno y efectivo de los derechos fundamentales, cuidado, desarrollo, educación y protección de sus miembros. Urge un cambio social, que fortalezca esta  institución y le ofrezca su verdadera categoría social y jurídica. Está en nosotros sumar voluntades, sin disimular que el Estado tiene muchas deudas con las familias carenciadas y vulnerables.

 

La autora reside en Santo Domingo, Rep. Dom.

Es educadora, periodista, abogada y locutora

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